Justicia estadounidense rechaza la solicitud de Marset para entrevistarse a solas con su abogado uruguayo
El panorama legal del investigado por narcotráfico Sebastián Marset suma un nuevo revés. El magistrado federal estadounidense Rossie D. Alston Jr. rechazó el pedido de sostener encuentros confidenciales con el jurista uruguayo Santiago Moratorio en una cárcel de Virginia, según reportó este viernes el periódico Última Hora.
El imputado había requerido que se autorice a Moratorio como visita legal dentro del Centro de Detención de Alexandria; con todo, la autoridad judicial descartó la solicitud presentada.
Conforme a la información difundida por el medio uruguayo, Marset no logró demostrar que Moratorio sea su jurista en esta causa penal en Norteamérica, limitándose su labor al ámbito charrúa al no poseer licencia para ejercer en Estados Unidos. El marco normativo estadounidense exige que todo defensor debe estar debidamente acreditado en dicho territorio para acceder a reuniones de este carácter.
En fecha 24 de julio ya se había conocido que el jurista Moratorio sostenía que resultaba imprescindible entrevistarse personalmente con su cliente antes del inicio de las audiencias que enfrenta en esa nación.
«Es imperativo que me reúna con el señor Marset en Estados Unidos y tenga una conversación privilegiada entre abogado y cliente sobre sus asuntos legales en Uruguay y en otros lugares, y sobre cómo el proceso penal en Estados Unidos puede afectarlo», expresó el abogado Moratorio durante sus declaraciones.
El profesional argumentó que le resulta imposible mantener una conversación privada vía telefónica con Marset, debido a que todas las llamadas penitenciarias son monitoreadas en Estados Unidos.
El inicio del juicio contra el procesado uruguayo Sebastián Marset está programado para el 11 de enero de 2027, instancia donde un jurado de 12 ciudadanos estadounidenses definirá su situación jurídica.
En la actualidad, el acusado afronta un total de cuatro cargos, entre los que figuran la conspiración para el narcoterrorismo y el lavado de activos.
Si la ciudadanía que integra el tribunal decide declararlo culpable, la autoridad judicial fijará la condena correspondiente, la cual podría fluctuar entre 20 años de prisión y la cadena perpetua.