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De acuerdo con el exministro José Gabriel Espinoza, la contracción proyectada del Producto Interno Bruto boliviano responde al recorte de gastos estatales ineficientes y a la regularización financiera, medidas necesarias que conllevan un impacto económico previsible.
Los dirigentes del transporte urbano en Santa Cruz confirmaron el restablecimiento pleno de sus servicios para este martes con la tarifa regular de Bs 3, luego de una jornada de protesta contra el Decreto 5716 y el retiro del subsidio al diésel.
La feria internacional concluyó con una evaluación altamente favorable por parte de los organizadores, impulsada por la gran afluencia de público y el dinamismo de los expositores.
El Instituto Nacional de Estadística destacó la reactivación del sector y su impacto multiplicador en rubros como hospedaje, transporte, gastronomía y artesanías en ocasión del Día Mundial del Turismo.
El evento ferial más relevante del país concluyó una nueva edición consolidado como la plataforma clave para exhibir el potencial de emprendedores, industrias nacionales y firmas del exterior.
Las puntuaciones correspondientes al ciclo 2025-2026 se definieron tras la acumulación de puntajes en el juzgamiento de las razas Nelore, Nelore Mocho, Brahman, Sindi, Gyr y Girolando.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) valoró las recientes medidas gubernamentales destinadas a corregir desequilibrios económicos, aunque demandó un plan social focalizado y seguridad jurídica para evitar el cierre de empresas y el aumento de la pobreza.
Los choferes de micros en Santa Cruz indicaron que cumplirán la medida de presión del lunes al no ser dueños de las unidades, pese a rechazarla, y propusieron restablecer la tarifa de Bs 2 en los anillos céntricos por su alta rentabilidad.
Comerciantes de las ciudades del eje central reportan marcadas subidas en productos básicos como papa, tomate y cebolla, situación que obliga a la población a moderar el volumen de sus compras.
La administración central remarcó que el proceso de reorganización, disolución o liquidación de firmas estatales no responde a una postura política sino técnica y económica, contemplando plazos de 15 días para que los ministerios tramiten las normas que definirán el futuro de las entidades observadas.