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Tras acusar a Evo Morales de intentar desestabilizar la democracia del país, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra el exmandatario y confirmó que el Estado de excepción faculta la intervención de la región del Chapare.
Ante el prolongado bloqueo de más de un mes en San Julián, el gobernador de Santa Cruz gestiona un acercamiento con los sectores movilizados para desactivar la protesta de forma pacífica y evitar la intervención de las fuerzas del orden.
Asimismo, la administración departamental declaró la «emergencia sanitaria» con el fin de optimizar la atención médica inmediata ante posibles contingencias durante las intervenciones en las carreteras.
El expresidente Jorge Quiroga afirmó que el Órgano Legislativo debe ratificar la medida de excepción decretada por el Ejecutivo, argumentando que la seguridad de los ciudadanos prevalece sobre el rol de oposición, aunque criticó la demora en su implementación.
Tras la vigencia del Estado de excepción en el territorio nacional, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aclaró que la Policía lidera los operativos y que las Fuerzas Armadas intervendrán únicamente como respaldo si la situación se desborda.
El Gobierno boliviano aclaró el impacto de la medida sobre los servicios y actividades cotidianas, enfatizando que el propósito central es restituir las garantías y la libertad de la ciudadanía.
La madrugada de este sábado, el mandatario boliviano promulgó la medida de excepción nacional luego de registrarse 50 días de bloqueos, dirigiendo sus advertencias hacia los sectores movilizados y la región del Chapare.
El presidente Rodrigo Paz promulgó el estado de excepción en todo el territorio boliviano con el objetivo de garantizar la libre transitabilidad, luego de registrarse 50 días consecutivos de bloqueos y protestas en las rutas nacionales.
La disposición, decretada por el mandatario Rodrigo Paz y sus ministros este sábado por la madrugada, se extenderá por un periodo de 90 días con el objetivo de restablecer el orden luego de afrontar 50 jornadas de bloqueos de carreteras.
Tras cumplirse 50 días de movilizaciones, el transporte pesado cuantifica los daños en 150 millones de bolivianos y demanda al Ejecutivo congelar los recursos de la Central Obrera Boliviana para resarcir las pérdidas.