Justicia paraguaya veta a creador de contenido de EEUU acercarse a comunidad indígena ayoreo en aislamiento
Un tribunal de Asunción ordenó al influenciador estadounidense Nathan Pratt Seastrand y a la productora Deep Jungle Studios abstenerse de contactar o grabar al pueblo ayoreo totobiegosode en el Chaco paraguayo, además de retirar dispositivos instalados en su territorio tras una acción judicial del INDI.
La Justicia de Paraguay dictaminó una orden que impide a un creador de contenido estadounidense acercarse, grabar o divulgar material sobre la comunidad ayoreo totobiegosode, que habita en aislamiento voluntario en el bosque seco del Chaco occidental. La disposición responde a un recurso de amparo presentado hace dos días por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
La resolución del juez penal de Garantías número 10 de Asunción dispone que el ciudadano estadounidense Nathan Pratt Seastrand y la empresa Deep Jungle Studios desmantelen las “cámaras trampa” u otros equipos que hubieran colocado en el territorio protegido de los ayoreo totobiegosode, ubicado en el Chaco, región geográfica compartida entre Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil.
Juan José Mallada, asesor jurídico del INDI, expresó a EFE que la entidad evalúa “de forma muy positiva la rápida respuesta de las autoridades judiciales”, las cuales admitieron de forma inmediata los requerimientos planteados a través de “medidas urgentes”.
Asimismo, la determinación judicial prohíbe la “publicación, transmisión, difusión, cesión o comercialización” de cualquier registro audiovisual obtenido por Pratt Seastrand, conocido en plataformas digitales como ‘Yankiguayo’, sobre esta población no contactada.
Las autoridades paraguayas tomaron conocimiento de la situación tras las alertas emitidas por miembros ayoreos contactados tiempo atrás, a quienes el extranjero habría ofrecido compensaciones económicas para facilitar el acercamiento con sus familiares en aislamiento.
El influenciador, quien produce material enfocado en Paraguay y las dinámicas chaqueñas, afirmó ante los indígenas contactados que desarrollaba un proyecto audiovisual presuntamente respaldado por la plataforma Netflix, según reportaron medios locales a comienzos de semana.
Mallada detalló a EFE que las acciones legales del INDI siguen su curso debido a que las medidas cautelares aún no quedaron firmes y el juzgado no logró notificarlo formalmente al desconocer su dirección domiciliaria.
En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió a Paraguay la aplicación de medidas cautelares para proteger al pueblo ayoreo totobiegosode, con énfasis en los grupos no contactados, frente al “ingreso de terceras personas” a sus tierras y el riesgo de “daños a su vida e integridad personal en el marco de su supervivencia física y cultural”.
En esa línea, Mallada remarcó el pasado martes que la acción interpuesta por el INDI representa una acción articulada del Estado paraguayo en cumplimiento de los requerimientos internacionales fijados por la CIDH.