Frente al descontento generado por la vigencia del Decreto Supremo 5676, el cual fija un incremento en la tarifa del diésel para grandes consumidores, legisladores pertenecientes a Libre, al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y a APB Súmate demandaron a las autoridades nacionales modificar o abrogar la medida ante los reclamos de diversos sectores de la sociedad.
Al respecto, el senador de Libre, José Manuel Ormachea, anunció que otorgarán un plazo de 30 días para cambiar o anular la disposición gubernamental, advirtiendo que de no concretarse esta solicitud procederán con una interpelación sin opción a respaldar a la autoridad responsable.
Por su parte, el diputado del PDC, Ruddy Pantaleón, instó a las instancias correspondientes a subsanar los errores identificados en el texto para evitar un escenario de mayor conflictividad, remarcando que si la norma ocasiona daños directos a la población, debe quedar totalmente sin efecto.
A su turno, el diputado de APB-Súmate, Diego Brañez, consideró indispensable realizar precisiones en la reglamentación para proteger a la ciudadanía y detalló que solicitaron al presidente Rodrigo Paz excluir de esta disposición a municipios y gobernaciones, o en su defecto, determinar la abrogación del documento.
El Decreto Supremo 5676, que establece en Bs 18 el precio del litro de diésel para grandes consumidores (Gracos), continúa sumando el rechazo de organizaciones que advierten con reactivar movilizaciones en medio del Estado de excepción si el Gobierno no da marcha atrás con la disposición.