Cancillería peruana descarta intromisión en asuntos internos tras asistencia de diplomático al Legislativo boliviano
El Gobierno de Perú descartó cualquier intromisión en los asuntos internos de Bolivia, a raíz de la presencia de un representante diplomático en la sesión de la Asamblea Legislativa donde se debatió la situación legal del fiscal general Roger Mariaca, aprehendido tras la revocatoria de su visa por parte de Estados Unidos.
Durante la jornada del viernes en el Parlamento, se observó la asistencia de Fernando Suni Carrillo, encargado de temas económicos y culturales de la Embajada de Perú. La sesión trató la modificación de la norma orgánica del Ministerio Público para fijar un mecanismo de suspensión definitiva del fiscal general ante la comisión de delitos ordinarios.
Previamente a su reclusión, Mariaca —a quien las autoridades gubernamentales bolivianas acusan de liderar una “organización criminal”— investigaba al estratega político argentino Fernando Cerimedo, quien mantiene nexos con campañas de mandatarios conservadores en la región asociados a la iniciativa Escudo de las Américas promovida por Donald Trump.
De acuerdo con la prensa boliviana, además del delegado peruano, al debate en el hemiciclo concurrieron enviados diplomáticos de Estados Unidos, Argentina y Paraguay.
Mediante un comunicado publicado este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú remarcó que las actuaciones de su delegado “se limitaron estrictamente a sus funciones de recabar información como oyente”, al presentarse en una audiencia abierta vinculada a sucesos de trascendencia para la institucionalidad democrática boliviana y su impacto regional.
El pronunciamiento destacó que el seguimiento de la coyuntura política, económica y social constituye una tarea inherente a la labor diplomática acreditada, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la cual cobra especial relevancia ante los vínculos históricos y la cooperación transfronteriza bilaterales.
Por último, la administración peruana reiteró su apego al respeto de la soberanía y la libre determinación estatal, reafirmando su adhesión estricta al principio de no injerencia y al derecho internacional contemplado en la Carta de las Naciones Unidas.