Movilizaciones de diversos sectores cercan el centro paceño provocando el repliegue estatal y el resguardo policial de la plaza Murillo
La sede de Gobierno experimenta nuevamente una jornada de alta conflictividad. Al menos tres columnas de manifestantes ingresaron al centro paceño para expresar su rechazo a la actual administración estatal y demandar la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
Entre los movilizados se encuentran sectores campesinos, mineros, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y juntas vecinales, cuya presencia ha obligado a la evacuación de los funcionarios de distintas oficinas públicas.
Ante este panorama, los efectivos de la Policía Boliviana procedieron a reforzar los anillos de seguridad en el perímetro de la plaza Murillo, donde se concentran los poderes Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, se reportó que un grupo de manifestantes mantiene bloqueado el acceso al aeropuerto de El Alto, impidiendo el tránsito de los viajeros.
Estos acontecimientos ocurren tras los violentos enfrentamientos registrados el pasado lunes, cuando los manifestantes y las fuerzas del orden se enfrentaron con detonaciones de dinamita y gases lacrimógenos, dejando un saldo de personas heridas en ambos bandos.
La escalada de violencia también afectó el transporte urbano, obligando a la suspensión temporal de las operaciones en la Línea Roja de Mi Teleférico. La empresa estatal argumentó que la medida busca precautelar la integridad de los usuarios, trabajadores e infraestructura frente a posibles ataques.
La administración de la red de transporte por cable comunicó que mantiene un monitoreo constante en todas las estaciones para reaccionar de manera oportuna ante cualquier contingencia.
El conflicto tiene un alcance nacional, registrándose actualmente 51 puntos de bloqueo en las carreteras del país, lo que afecta a siete departamentos y deja únicamente a Beni y Tarija con las rutas expeditas.
Las medidas de presión persisten a pesar de que el Órgano Ejecutivo convocó a un proceso de concertación mediante la reciente creación del Consejo Económico Social, espacio con el que se busca sentar a dialogar a los sectores movilizados.