Mediante un pronunciamiento oficial, el Órgano Ejecutivo enfatizó que la distribución y posesión de terrenos deben alinearse estrictamente a la Constitución Política del Estado y la normativa agraria. En ese sentido, la administración estatal manifestó su firme rechazo a cualquier toma ilegal o uso de la fuerza para imponer intereses privados sobre la propiedad.
Al respecto, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exhortó a la Policía Boliviana, al Ministerio Público y a las instancias nacionales a intervenir de acuerdo a la ley. La autoridad departamental remarcó la necesidad de resguardar la integridad física de los afectados y asegurar la seguridad jurídica en la región.
En sintonía con este pedido, la subgobernadora de la provincia exigió una respuesta oportuna de las instituciones llamadas por ley, demandando el desalojo inmediato de quienes participan en estos actos flagrantes de avasallamiento.