Según las declaraciones del fiscal Aldo Mendoza, los directivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que se encuentran bajo custodia policial estaban al tanto de la compra y distribución de la denominada gasolina ‘desestabilizada’. El representante del Ministerio Público aseveró que la propia gerencia ordenó la venta de este carburante, el cual contenía componentes perjudiciales para el funcionamiento de los motores del parque automotor boliviano.
Asimismo, Mendoza recordó que en el territorio nacional rigen normativas específicas que regulan los estándares para la importación y expendio de combustibles. A pesar de este marco legal, los ejecutivos procesados habrían consentido la circulación del producto defectuoso.