Durante una audiencia de medidas cautelares, las autoridades judiciales determinaron aplicar detención preventiva por cuatro meses contra una funcionaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La imputada, investigada por la presunta adquisición de petróleo con sobreprecio, deberá cumplir la medida en un recinto penitenciario de la ciudad de La Paz.
Por su parte, el jefe de la División de Corrupción Pública, Rolando Espinoza, ratificó la decisión judicial señalando que la medida se fundamenta en los indicios de sobreprecio del crudo. En el marco de este proceso, donde se indagan delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, la Policía también mantiene bajo investigación a dos empresas relacionadas con el caso.