Fiscalía boliviana solicita cooperación internacional ante sospechas de reclutamiento militar para el conflicto en Ucrania
La Fiscalía General del Estado boliviano comunicó este jueves que ha formalizado peticiones de información a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia, en el marco de las indagaciones sobre el presunto reclutamiento de al menos 16 ciudadanos bolivianos por parte de Moscú para participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Alejandra Rocha, fiscal superior en Razón de Género, detalló que se han puesto en marcha diversos mecanismos de asistencia jurídica internacional con el fin de indagar tres procesos penales abiertos en el departamento de Santa Cruz por el supuesto delito de trata de personas con fines de reclutamiento militar, de acuerdo con un reporte oficial de la Fiscalía.
«En la primera causa identificamos a una víctima, en la segunda a seis y en la tercera a nueve», precisó la fiscal Rocha, quien añadió que se coordina activamente a nivel regional para establecer el patrón y el modus operandi de estas redes, considerando que otros países de la zona también tendrían ciudadanos afectados.
La autoridad judicial también puntualizó que estas pesquisas se desarrollan bajo los lineamientos y herramientas de la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas (Redtram), la cual agrupa a las fiscalías de los países de América Latina.
Mediante estas acciones conjuntas, se busca localizar el paradero de los bolivianos captados, identificar a los autores materiales del hecho y conocer los protocolos aplicados por las naciones consultadas ante situaciones de similar naturaleza.
Respecto al tercer caso bajo investigación, el Ministerio Público confirmó que ya se ha logrado identificar a un sospechoso que operaba como intermediario o reclutador en la capital cruceña.
Paralelamente, efectivos policiales se desplazaron hasta la población de Rincón de Palometas, situada a unos 125 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de acopiar elementos e indicios sobre la supuesta captación de comunarios en esa región.
La Fiscalía también formalizó requerimientos informativos ante la Embajada de la Federación de Rusia en Bolivia y activó los conductos diplomáticos mediante la Cancillería para precisar las circunstancias del traslado de las víctimas al exterior.
Rocha aclaró que los primeros avances de la investigación penal se sustentan directamente en las denuncias formales y los documentos aportados por los familiares de los afectados.
El pasado martes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, instruyó iniciar una investigación de oficio tras la difusión pública del caso de dos jóvenes bolivianos que habrían fallecido tras ser reclutados. Los familiares relataron que ambos viajaron a Rusia en abril bajo la promesa de un salario de 16.000 dólares por labores de construcción, pero terminaron en el frente de batalla, lo que desató nuevas denuncias de casos similares.
Por su parte, la delegación diplomática rusa en territorio boliviano emitió un pronunciamiento donde descarta rotundamente cualquier nexo con estas operaciones de reclutamiento y rechaza de manera categórica las acusaciones por considerarlas infundadas.
Este escenario se produce meses después de que en abril se revelara una situación similar que involucró el reclutamiento de aproximadamente 130 ciudadanos peruanos por parte de las fuerzas rusas para el mismo conflicto.