Afiliados a la Asociación de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz se trasladaron ayer en una marcha hasta oficinas de la Delegación de la Unión Europea (UE), en la zona Sur de La Paz, donde denunciaron que la cooperación antidroga y para el desarrollo que otorga ese organismo al país se destina exclusivamente a los cocaleros del trópico de Cochabamba, afines al Gobierno.
La movilización se llevó a cabo como parte de las protestas que desde hace un mes realiza este sector en demanda de que el Gobierno deje de interferir en sus labores para favorecer a la dirigencia paralela que está liderada por Elena Flores y anule la resolución ministerial 068 que autorizó el traslado del mercado de la coca a una sede de transportistas contratada por la dirigente oficialista.
La medida fue tomada por Edwin Characayo, el ahora exministro de Desarrollo Rural que este martes fue aprehendido por el cobro de un soborno para acelerar un proceso de saneamiento de tierras en Santa Cruz.
“Los Yungas no ha recibido hasta el día de hoy ni un solo centavo, todo se ha ido al Chapare, eso he puesto en conocimiento (…) también los fondos sociales que vienen de la Unión Europea, ellos van a analizar”, informó a los cocaleros su máximo dirigente, Armin Lluta, luego de salir de una reunión en la que fue recibido por personeros de la UE.
El encuentro se realizó luego de que la marcha llegara hasta las oficinas de la delegación europea y bloqueara el tráfico vehicular en la transitada avenida Costanera. Lluta dijo que en la cita también hizo conocer los antecedentes de la resolución ministerial 068 y las maniobras gubernamentales para fracturar al movimiento cocalero, aunque luego admitió que no salió muy satisfecho.
Recordó que hace un mes enviaron una queja ante esta delegación y no recibieron respuesta, por lo que anunció que esta vez esperarán hasta el lunes para que se conforme una comisión de diálogo, donde se escuchen sus planteamientos. “Si eso no sucede, retornamos con mayor contundencia”, advirtió.
Lluta también se refirió a la aprehensión del ahora exministro Characayo y dijo que esta es una forma de hacer justicia por cómo se portó esta autoridad con su sector, al aprobar la resolución ministerial que luego trajo el conflicto.
“La justicia divina tarda, pero llega. Los yungueños hemos sido totalmente atropellados por culpa de esta autoridad gubernamental, que ha emitido una resolución contraria a la ley y ha dejado muchos heridos y muchos detenidos”, dijo.
Según el dirigente, siempre hubo sospechas de que había algún tipo de negociación para que se apruebe la resolución para el traslado del mercado de la hoja de coca, porque ocurrió “de la noche a la mañana”.
El conflicto cocalero por la aprobación de esa disposición gubernamental cumple un mes, que transcurrió con bloqueos en la carretera a Yungas y posteriormente marchas y bloqueos en la ciudad de La Paz.
En este tiempo hubo al menos unos 14 heridos, entre ellos dos hombres que perdieron las manos por la explosión de cachorros de dinamita.
La Defensoría del Pueblo se comprometió a intermediar en el conflicto, pero aún no se logró instalar una mesa de diálogo.
Entretanto, el mercado paralelo que maneja el grupo dirigido por Flores continúa funcionando en la sede del Sindicato de Transportistas Señor de Mayo, en la zona de Kalajahuira.