El Comité pro Santa Cruz presentará una impugnación por el sobreseimiento que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, decretó en el caso fraude electoral ocurrido en octubre de 2019.
El abogado de los cívicos, Martín Camacho, observa irregularidades en el proceso, pues no se notificó a las partes.
Camacho considera que la Fiscalía General ha incurrido en «actividad procesal defectuosa», pues «no ha dado la oportunidad a los denunciantes de oponerse a las pericias».
El actuar del Fiscal General demuestra que «ha obrado de manera unilateral violentando el derecho a la igualdad de partes y el proceso a la legítima defensa», manifestó el abogado.
Rómulo Calvo, presidente del ente cívico cruceño, rechaza totalmente el cierre del proceso, pues asegura que vulnera la libertad y la democracia, y deslinda de responsabilidades «a quienes realizaron un fraude electoral», irregularidades que fueron corroboradas por la OEA y que atentaron contra la democracia en Bolivia.
Los cívicos lamentan que las autoridades hayan entregado solo las pruebas que les interesaban a los analistas españoles y «no todas las pruebas que se registran en el cuadernillo» de investigación.
Calvo convocó al directorio del Comité Pro Santa Cruz a una reunión a realizarse este jueves, a las 18:30, donde se analizarán las acciones que se tomarán para resguardar la democracia en el país.
En los próximos días se sostendrá una reunión con dirigentes cívicos de otros departamentos para definir de manera conjunta la estrategia a seguir, ante la determinación del Ministerio Público de anular el caso fraude electoral. «Lo que debe quedar claro es que Bolivia no se calla, va a luchar por su libertad», manifestó el líder cívico.
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