Costo del pliego de la COB: Empresarios temen alzas de hasta 41,7% en carga social

El incremento salarial lidera un conjunto de 130 demandas incluidas en el pliego petitorio que la Central Obrera Boliviana (COB) presentó al Gobierno Central el pasado 13 de marzo. Las solicitudes están organizadas en cuatro comisiones temáticas. Ayer, el Poder Ejecutivo aseguró que se está trabajando en la viabilización de todas estas demandas. Por su parte, el sector empresarial advirtió que, de concretarse las exigencias del ente matriz, el costo social para las empresas podría incrementarse hasta en un 41,7%.

En el documento presentado por la COB, la dirigencia exige un cambio profundo en las políticas estatales, que va desde un incremento salarial de emergencia hasta reformas estructurales en la administración de la Gestora Pública, así como la garantía plena de derechos fundamentales en áreas clave como salud, educación y vivienda.

En el marco de la comisión económica, la dirigencia propuso un incremento del 15% al salario mínimo nacional y del 20% al haber básico. Según la COB, esta medida busca contrarrestar el impacto del alza en los precios de los productos de primera necesidad.

Paralelamente, la COB en el tema de las pensiones, exigió una auditoría exhaustiva de la Gestora Pública, además de una participación obrera mayoritaria en su dirección y reformas estructurales que garanticen jubilaciones dignas y transparentes.

Con una veintena de demandas, la Comisión Social pone sobre la mesa las necesidades más apremiantes de la población trabajadora en áreas esenciales.

En salud, la exigencia de un Congreso de Seguridad Social y el cumplimiento de acuerdos previos buscan una atención digna y eficiente. En educación, el aumento presupuestario y la reforma curricular son pilares para una formación de calidad. Y en vivienda, la COB clama por facilidades reales para que los trabajadores accedan a un techo propio.

Respuesta favorable

A un mes recibir este pliego, ayer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que se culminó la labores de la Subcomisión de Desarrollo Rural, instancia creada dentro de la Comisión Productiva con el objetivo de dar respuesta al pliego petitorio presentado por la COB.

Según un reporte institucional, la organización sindical presentó 18 consultas relacionadas con el estado actual y las perspectivas del desarrollo rural, además de la gestión de tierras. El ministro Flores lideró personalmente el trabajo técnico, en el que participaron viceministros y directores, quienes ofrecieron respuestas detalladas a cada planteamiento.

Entre los temas discutidos se incluyeron las políticas agropecuarias, la industrialización de productos estratégicos, y la evolución de la inversión pública en zonas rurales con miras al fortalecimiento productivo del país

“En señal de conformidad y acuerdo pleno con el trabajo realizado durante las últimas semanas, se firmó un acta junto a los representantes de la Central Obrera Boliviana. De esa forma, se respondió favorablemente a la parte del pliego petitorio 2025 referida al desarrollo rural y tierras”, indicó Flores.

La autoridad agregó que la mesa analizó asuntos referidos a la lucha contra el contrabando, la reversión y el saneamiento de tierras, además del reconocimiento al sector cooperativo agropecuario.

En tanto, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la COB firmaron un acuerdo de 12 puntos que responde al pliego del ente matriz de los trabajadores.

Sobre el alza salarial, ambas partes aún negocian.

Rechazo

Mientras tanto, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) advirtió ayer que el sector constructor no está en condiciones de asumir un posible incremento salarial, y alertó que la medida solo agravaría la crisis económica que enfrentan, provocando despidos masivos y paralización de proyectos.

En un comunicado titulado “Incremento salarial… golpe al empleo”, la institución expresó su preocupación por un conjunto de factores que, según indican, han deteriorado gravemente la situación del sector: la escasez de divisas para la compra de materiales, el desabastecimiento de combustible, el aumento de precios de insumos, la caída de la obra pública en casi un 60% y la mora en los pagos por parte de entidades estatales.

“El incremento del salario mínimo y básico, independientemente del porcentaje, se multiplica exponencialmente y llega al 41,7% con las obligaciones sociales”, señala el documento. Además, cuestionan que el salario mínimo nacional ha subido un 468% en los últimos 20 años sin que se escuche la voz del sector privado.

Cadecocruz también lamentó no haber sido convocada a las mesas de negociación del aumento salarial, y advirtió que de aprobarse, se generaría mayor informalidad, pobreza y pérdida del poder adquisitivo. Criticaron la falta de voluntad política del Gobierno para establecer un diálogo tripartito conforme al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su pronunciamiento, la Cámara reiteró que un nuevo aumento salarial “causará daños irreversibles para miles de familias” y afectará directamente a toda la cadena de valor de la construcción.

La Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) expresó este miércoles su preocupación ante la posibilidad de un nuevo incremento salarial, advirtiendo que la medida podría acelerar el cierre de unidades productivas y profundizar la crisis económica que atraviesa el sector.

Félix Huaycho, secretario general de la organización, afirmó que muchas microempresas ya operan con márgenes mínimos de rentabilidad, por lo que un aumento de sueldos sería insostenible para gran parte de ellas.

“Ahora se está planteando el incremento salarial y eso nos afecta de gran manera. Esto podría significar una crisis más profunda de la que ya vivimos, y contribuirá a una mayor inflación en el mercado nacional”, declaró.

Según el dirigente, más de 20.000 pequeñas unidades productivas han cerrado sus puertas en los últimos meses debido a la presión económica.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó su rechazo a un eventual incremento salarial decretado de manera unilateral por el Gobierno, y propuso una agenda laboral alternativa centrada en la sostenibilidad económica y la generación de empleo formal.

Advirtió que Bolivia enfrenta una de sus coyunturas económicas más delicadas, con reservas internacionales debilitadas, un déficit fiscal persistente y una inversión paralizada.

En ese contexto, aplicar medidas tradicionales como los ajustes salariales generalizados, sin diálogo ni análisis técnico, “no solo es ineficaz, sino irresponsable”.

“El verdadero debate no es solo salarial. Es laboral”, afirma el documento que propone reemplazar la lógica de incrementos anuales.