La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, oficializó la recepción de la denuncia contra Evo Morales y Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), por delitos de lesa humanidad durante los bloqueos que ocasionaron la muerte de al menos 40 personas por la falta de oxígeno médico.
Mediante una declaración, la titular de esa instancia, Fatou Bensouda, confirma que el 4 de septiembre recibió la documentación para que se abra el proceso contra el expresidente y el dirigente de los trabajadores.
“En su remisión, el Gobierno de Bolivia sostiene que en agosto de 2020 miembros del partido político Movimiento Al Socialismo y organizaciones afines llevaron a cabo una línea de conducta de conformidad con la política de una organización consistente en atacar a la población boliviana, a través de la coordinación de bloqueos en distintos puntos de todo el país que conectaban distintas ciudades a fin de impedir la libre circulación de convoyes, transportes y comunicaciones”, detalla el pronunciamiento oficial.
La denuncia presentada por la Procuraduría agrega “documentos de respaldo con detalles adicionales sobre las circunstancias relevantes en las que presuntamente se cometieron los crímenes alegados, así como una carta de acreditación de la presidenta Jeanine Áñez”, habiéndose informado sobre esos datos a la presidencia de la Corte para “facilitar la asignación de la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares”.
Sin embargo, la fiscal aclara que “una remisión de un Estado Parte no conlleva automáticamente a la apertura de una investigación”, aunque, “si la Fiscalía determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación”.
Destaca que esa instancia “lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión”.
Desde el Gobierno se espera que en su informe anual la instancia internacional incluya los avances en las indagaciones sobre los hechos registrados en el país en agosto, cuando organizaciones sociales afines al MAS protagonizaron movilizaciones por la fecha de las elecciones, evitando el paso de insumos médicos, combustible y alimento.
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