El Juzgado Octavo en lo Penal, dirigido por el juez Franklin Siñani Velasco, rechazó en la tarde de este miércoles la más reciente acción de libertad presentada por la defensa de la expresidenta interina Jeanine Añez. De esta forma, la exmandataria no podrá defenderse en libertad y continuará con detención preventiva en el penal de Miraflores.
«La justicia ha desprotegido, desoído y desamparado durante 335 días mis derechos fundamentales. Fui secuestrada el 13 de marzo, no hay otro calificativo para mi detención, sin haberme notificado ni llamado a declarar frente a la denuncia que inició todo este calvario de violaciones a la Constitución», expresó Añez durante la audiencia.
«Siempre cumplí con mis responsabilidades, jamás estuvo en mí huir de alguna de ellas, menos abandonar mi país, mi casa, mi hogar y mi familia. Hace 335 días que se me niega el derecho a un proceso justo, independiente, transparente y público. Un proceso conforme a la Constitución y a la ley de juicio de responsabilidades de exmandatarios vigente».
También puede leer: Ribera: «Testigos citados por mi madre pactaron con el Gobierno para hablar en su contra»
La ex jefa de Estado aseguró que pretenden juzgarla «mediante un proceso irregular, plagado de ilegalidades» y sostuvo su inocencia en este y otros casos que se acumulan en su contra.
Tras conocerse el fallo, la defensa manifestó su decepción y calificó el mismo de «aberrante».
«Esta es una de las resoluciones más aberrantes que he escuchado, que viola todos los derechos de la señora Añez. Es una vergüenza su fallo, señor magistrado», expresó la abogada defensora.
Añez se encuentra detenida desde el 13 de marzo de 2021, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión por los supuestos delitos de «sedición y terrorismo» durante la crisis política en 2019. Desde entonces su defensa presentó varias acciones de libertad que fueron rechazadas.
Este jueves, a las 9:00, está previsto el inicio del juicio en su contra por el denominado caso “golpe de Estado II”, el cual tiene relación con la asunción al poder de la exmandataria en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales al Ejecutivo. En concreto, se la acusa de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Esta mañana, la expresidenta se declaró en huelga de hambre con el objetivo de que la comunidad internacional entienda «que la justicia es de Evo Morales y Luis Arce”.