Cercan la sede de gobierno: Se intensifican los cortes de ruta hacia Oruro, las provincias y la frontera con Perú
Diversos sectores sociales y vecinales de El Alto, junto a organizaciones sindicales, han radicalizado sus medidas de presión cercando los principales accesos a La Paz. La movilización, que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, ya genera millonarias pérdidas económicas y el desabastecimiento de insumos básicos.
La ciudad de El Alto amaneció este martes con un incremento significativo en los puntos de protesta. Los residentes del Distrito 8 han decidido sumarse a las movilizaciones instalando bloqueos en el sector de la extranca de Senkata y áreas próximas. Estas medidas de presión han interrumpido la circulación en las rutas que conectan con Viacha, el lago Titicaca y la frontera con la República del Perú.
Tras una reunión efectuada el lunes por la noche, los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales del Sur de El Alto (Fejuve Sur) instruyeron el cierre total de vías en su jurisdicción. La principal demanda del sector es la dimisión inmediata del presidente Rodrigo Paz, cuestionando además la calidad del combustible actual y el manejo de la renta vitalicia.
A este escenario de conflicto se han plegado pobladores del municipio de Achocalla, quienes mantienen interrumpido el paso en la avenida 6 de Marzo, conexión vital con la carretera que dirige al departamento de Oruro. Los dirigentes vecinales aseguraron que la decisión de exigir la renuncia del Gobierno nacional fue tomada de manera unánime durante un ampliado de presidentes de zona.
Por su parte, el sector industrial ha manifestado su extrema preocupación por la situación en la ruta a Viacha. José Eduardo Iriarte, presidente de la Cámara Departamental de Industrias, informó sobre la paralización de operaciones en varias plantas debido a que los operarios y las materias primas no pueden llegar a los centros de producción.
Iriarte advirtió que los bloqueos se registran cada dos o tres kilómetros, lo que hace inviable el tránsito por la zona. Esta crisis está provocando pérdidas económicas estimadas en 15 millones de dólares diarios para la región, afectando severamente el abastecimiento de insumos y obligando al cierre temporal de diversas industrias.
La ruta hacia Desaguadero, frontera con Perú, también se encuentra inhabilitada, perjudicando directamente el transporte de soya boliviana destinada a la exportación por puertos peruanos. Asimismo, los movilizados han cortado los accesos a los municipios circundantes al lago Titicaca, agravando el aislamiento de la sede de Gobierno.
En el ámbito político, se ha consolidado un pacto de unidad entre el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el senador disidente Nilton Condori y la dirigencia de los Ponchos Rojos. El documento firmado establece el compromiso de no entablar ningún diálogo con el Ejecutivo y mantener las medidas de presión hasta que se concrete la salida del mandatario.
Desde el Gobierno central, las autoridades han calificado estas acciones como un plan de desestabilización contra el orden constituido. En respuesta a las exigencias de los sectores movilizados, el oficialismo ha ratificado enfáticamente que el presidente Rodrigo Paz no renunciará a su cargo.