Empresarios respaldan medidas de estabilización pero piden blindar a las pymes y a sectores vulnerables
El empresariado privado destacó la implementación del DS N° 5716, norma dirigida a transparentar la fijación de precios en los carburantes, suprimir distorsiones, frenar el contrabando y asegurar el abastecimiento regular de combustibles. En esa misma línea, ponderó las disposiciones sociales orientadas a mitigar el impacto de la transición mediante bonos y planes de empleo, así como los incentivos empresariales traducidos en la reorientación de la política cambiaria, desgravámenes arancelarios, facilidades para exportar, créditos de fomento y alivios tributarios.
Del mismo modo, valoraron la aplicación del DS N° 5707, cuyo propósito es salvaguardar el orden interno, garantizar el libre tránsito y cortar la recurrencia de bloqueos o presiones sociales que provocan severos perjuicios al aparato productivo, a la economía general y a la distribución de insumos básicos para la población boliviana.
Pese a reconocer estas iniciativas oficiales, la representación gremial expresó su inquietud ante las consecuencias que este periodo de ajuste pueda provocar en el comercio, la producción y los servicios. La principal alarma radica en la posibilidad de ingresar en una etapa de contracción que golpee la expansión económica, destruya fuentes de trabajo y debilite la continuidad operativa de los emprendimientos.
Desde la óptica del sector privado, si bien las decisiones adoptadas resultan indispensables para subsanar rezagos estructurales de larga data, los efectos adversos deben ser encarados con idéntica determinación. En este escenario, remarcaron que la estabilidad de las empresas debe ser una prioridad nacional, advirtiendo que presiones regulatorias, salariales o impositivas sobre medianas y pequeñas firmas podrían desencadenar quiebras y mermar la inversión.
En relación al impacto en la ciudadanía, la CEPB fue enfática al señalar que las reformas económicas no pueden traducirse en un incremento de la pobreza ni agravar las condiciones de subsistencia de las familias bolivianas. Por tal motivo, reclamaron la aplicación inmediata de un plan integral de protección social que defienda a los estratos desfavorecidos y preserve el empleo formal.
Asimismo, el empresariado planteó que el país debe avanzar velozmente desde la fase de contención hacia el crecimiento productivo. Para ello, instaron a que en lo que queda de la gestión 2026 se prioricen reformas legislativas clave a las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, junto a modificaciones en el Código Tributario y de Comercio que aporten seguridad jurídica y atracción de capitales.
Finalmente, el sector ratificó su disposición a seguir acompañando la recuperación nacional, haciendo un llamado a descartar los bloqueos de carreteras y la confrontación política, para enfocarse en una agenda de certidumbre institucional y cooperación efectiva entre el Estado y el ámbito privado.