Gabinete de Rodrigo Paz se suma al diálogo de la Iglesia con movilizados bajo reserva
Tras 28 días de movilizaciones contra la administración de Rodrigo Paz, que mantienen cercada a la sede de Gobierno y generan perjuicios en el resto del país, la mesa de diálogo impulsada por la Vicepresidencia busca dar continuidad a los acercamientos iniciados el miércoles. Este segundo encuentro, gestionado bajo reserva por la Conferencia Episcopal de Bolivia, está fijado para las 11:00 de este jueves.
El titular de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó su asistencia junto a otros dos miembros del gabinete ministerial para atender las demandas del sector en conflicto. Se prevé la participación de Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y de Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
Lupo no descartó la posibilidad de que el jefe de Estado, Rodrigo Paz, se incorpore a las negociaciones si se registran avances favorables. «Ojalá que avance el diálogo positivamente para que el propio presidente nos pueda acompañar», manifestó la autoridad gubernamental.
Paralelamente, en el marco del Consejo Económico Social, el Ejecutivo remitió invitaciones formales a los principales dirigentes de las movilizaciones: Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Tupac Katari, y Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de consolidar un espacio de concertación.
Con el fin de facilitar el acercamiento, el ministro Lupo anunció que no se ejecutarán los mandamientos de aprehensión contra los dirigentes movilizados, garantizándoles condiciones seguras para negociar, aunque aclaró enfáticamente que la renuncia del presidente Paz está fuera de debate.
Ante la posibilidad de que la concertación no prospere este jueves, el ministro abogó por priorizar la vía pacífica, señalando que las medidas de fuerza suelen desencadenar mayores escenarios de violencia. «Esperemos que el diálogo se imponga, es el principal instrumento», aseveró.
Asimismo, advirtió que el Ejecutivo tiene el deber constitucional de preservar el orden público y la paz social en el territorio nacional mediante los mecanismos legales vigentes. Este pronunciamiento coincide con la reciente promulgación, efectuada el martes por el presidente Paz, de la norma que abroga las restricciones para declarar estado de excepción.