Informe de la Cámara Baja señala a exfuncionarios de Paz y Arce por el ingreso de combustible desestabilizado
La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe de la comisión investigadora sobre la internación de gasolina desestabilizada que durante semanas ocasionó daños en el parque automotor boliviano. El documento individualiza la responsabilidad de exautoridades de las gestiones de Rodrigo Paz y Luis Arce.
En cuanto a la internación del carburante, la comisión apunta a dos personas: Yussef Akly, primer presidente de YPFB en el mandato de Rodrigo Paz —cuya última comparecencia pública fue el 24 de junio en calidad de testigo ante la Fiscalía de La Paz— y Armin Dorgathen, expresidente de la petrolera estatal durante la misma gestión.
El documento legislativo responsabiliza a YPFB por haber introducido lotes de combustible base sin cumplir las especificaciones completas de estabilidad química que exige la protección del parque automotor, habiéndose amparado en resoluciones de excepción por urgencia.
Respecto a los cambios en la normativa, se señala a Mauricio Medinaceli, primer ministro de Hidrocarburos de Paz, quien se encuentra imputado y con detención domiciliaria. Asimismo, se atribuye responsabilidad al expresidente Luis Arce y a su exministro Alejandro Gallardo, señalando que mediante los decretos 5218 y 5313 se flexibilizó la importación, creando un marco jurídico favorable para internar combustibles sin controles de calidad.
En el ámbito de fiscalización, el informe identifica a la ANH por otorgar autorizaciones excepcionales a YPFB eximiéndola de certificados de calidad. Entre los señalados están Margot Ayala, primera directora ejecutiva de la ANH con Paz, además de Germán Jiménez y Joel Callaú, exdirectores en la gestión de Arce, junto a las direcciones de Regulación de Comercialización y Redes de Gas Natural y de Regulación de Derechos.
Finalmente, se detectaron responsabilidades en la Dirección Administrativa y Financiera de la ANH por no gestionar a tiempo la licitación del laboratorio fijo obligatorio y la renovación de laboratorios móviles, dejando al Estado sin capacidad de evaluación. También se cuestionó a la Dirección de Control de Distritos Técnicos y a la Dirección de Biocombustibles por demorar tres años en emitir una reglamentación, identificándose presuntos delitos como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y daño calificado.