La Unodc advierte que el territorio boliviano se convirtió en un nodo neurálgico para redes criminales internacionales
Durante los últimos años, Bolivia se ha consolidado como un nodo de operaciones clave para organizaciones internacionales del narcotráfico, un diagnóstico admitido por la administración de Rodrigo Paz que abre la posibilidad de fortalecer los mecanismos de interdicción, según evaluó la delegada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza.
La representante precisó que en el país se constata una expansión de organizaciones transnacionales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las bandas brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), además de facciones criminales procedentes de Colombia y Perú.
Este panorama se comprueba a través del número de extranjeros recluidos en cárceles bolivianas vinculados a los cuadros directivos de tales agrupaciones. A ello se agrega una escalada notable de asesinatos por encargo que evidencia disputas armadas internas por el control de zonas estratégicas.
Los crímenes de sicariato se han tornado recurrentes en las regiones fronterizas con Brasil, situación que forzó al Ejecutivo a desplegar a contingentes del Ejército y grupos especiales policiales. Mendoza subrayó que no se trata de carteles de origen nacional, sino de grupos extranjeros que operan en connivencia con clanes bolivianos.
Desde la óptica del organismo multilateral, Bolivia ya no puede catalogarse exclusivamente como productor de materia prima o corredor de paso, puesto que la situación adquirió las características de un consorcio empresarial del delito, donde confluyen la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal y esquemas de corrupción.
A este cuadro se suma el incremento de los cocales. El último balance de la Unodc publicado en septiembre evidenció un aumento del 7 % en las plantaciones, subiendo de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025. El país, donde el vegetal posee un uso ancestral y tradicional, sigue posicionado como el tercer productor global, por detrás de Colombia (261.000 hectáreas en 2024) y Perú (84.546 hectáreas en 2025).
A diferencia de los períodos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), cuando se descartaba la presencia de capos y se reducía la problemática a simples emisarios locales, la actual gestión de Paz —que bordea su primer año— reconoció la presencia del crimen organizado. Entre las acciones defensivas del Ejecutivo figura la captura del uruguayo Sebastián Marset en marzo pasado y su posterior entrega a Estados Unidos.
Mendoza puntualizó que el narcotráfico no se articula a una escala menor y remarcó que la caída de Marset provocó la ruptura de la denominada «narcopaz», aquella tregua tácita donde las mafias coexisten sin choques aparentes al tener delimitadas sus rutas y funciones, lo cual proyectaba una falsa sensación de normalidad.
Asimismo, la experta advirtió que a nivel regional existe una táctica de penetración orientada a cooptar operadores judiciales para consolidar redes de impunidad. Bajo esa línea abordó la destitución y detención del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, sindicado por el Ejecutivo de proteger al narcoterrorismo, recalcando el peligro de desconocer la infiltración en las instituciones públicas.
Frente a este escenario, Mendoza enfatizó que resulta inviable enfrentar el problema con iniciativas aisladas o bilaterales, planteando que Bolivia requiere una respuesta integral enfocada en golpear las finanzas ilícitas mediante normas contra el lavado de activos y de extinción de dominio, junto a un incremento efectivo de condenas judiciales.
Este nuevo panorama coincide con el giro en la estrategia gubernamental de Paz, quien reactivó la coordinación con la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) —expulsada en 2008 por Morales—, suscribió convenios con Washington y adhirió formalmente al país a la iniciativa regional Escudo de las Américas.