Propuesta de Ley de Inversiones enviada al Legislativo se fundamenta en tres ejes para brindar certidumbre al sector
El proyecto de Ley de Inversiones se encuentra formalmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, puntualizó que la iniciativa incluye salvaguardas para que las decisiones de expropiación no puedan ser tomadas de manera unilateral por los gobiernos de turno.
Espinoza informó en conferencia de prensa que la propuesta legal consta de 103 artículos y que su propósito medular se sostiene sobre tres pilares fundamentales.
El primer eje se enfoca en la regularización de la inversión en Bolivia mediante la creación de incentivos que generen certidumbre y estabilidad para los inversionistas, respetando el marco constitucional. La autoridad remarcó que se busca convertir la captación de capitales en un dinamizador habitual de la economía del país.
En cuanto al segundo componente, el titular de Economía sostuvo que se realizó una revisión profunda de las reglas constitucionales para corregir distorsiones e interpretaciones desmedidas del pasado que derivaron en abusos a la inversión en Bolivia, en referencia a las nacionalizaciones promovidas durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Con esta norma remitida a la ALP, se otorgará a los empresarios seguridad jurídica e igualdad ante la ley, así como previsibilidad y un trato de buena fe por parte de las instituciones estatales, sin que esto implique reformar la Constitución Política del Estado.
El tercer pilar plantea el ordenamiento del marco legal actual para conformar el Sistema Nacional de Inversiones, un esquema que evaluará el desarrollo de los flujos financieros de manera complementaria a la Agencia Nacional de Inversiones.
Este nuevo sistema articulará las iniciativas de las entidades públicas en todos sus niveles, desde el gobierno central hasta las gobernaciones, garantizando que el tratamiento a los capitales responda a un criterio de estrategia de inversión estructurado.
Finalmente, el ministro aclaró que los beneficios planteados no otorgarán privilegios especiales, sino un entorno predecible y seguro. “El Estado regula de manera racional con reglas claras que evitan cualquier tipo de abusos”, concluyó Espinoza.