17 de noviembre de 2026

Emiten decreto para actualizar costos de materiales y carburante en proyectos estatales frenados

A través del Decreto Supremo 5775, el Órgano Ejecutivo viabilizó la nivelación de precios de insumos de construcción y diésel con el fin de reiniciar las obras públicas paralizadas, según confirmó el ministro Mauricio Zamora.

A través de la promulgación del Decreto Supremo 5775, el Órgano Ejecutivo dio luz verde a los esquemas para el ajuste de precios de insumos constructivos y diésel en obras del Estado, atendiendo el pedido formulado por gobernaciones, municipios y el sector de la construcción.

La disposición tiene como finalidad central velar por la calidad y continuidad de los proyectos de inversión pública. La ratificación de la medida tuvo lugar durante el encuentro celebrado este lunes entre autoridades gubernamentales y delegados municipales, ocasión en la que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, remarcó que la normativa facilitará la reactivación de faenas detenidas por el encarecimiento de costos.

El texto legal puntualiza la aplicación excepcional de sistemas de adecuación tarifaria en materiales de construcción, maquinaria, equipo y Diésel Oíl dentro de las contrataciones asumidas por las instituciones públicas.

De igual manera, se contempla la concesión de anticipos adicionales o el pago por materiales en bodega, además del incremento del monto para los contratos de servicios de supervisión técnica gestionados por las entidades del Estado.

Conforme al artículo 3 de la disposición, se determinan las pautas de las adendas contractuales y se dispone como plazo máximo de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2027. Estas modificaciones se formalizarán mediante uno o más contratos modificatorios respaldados por dictámenes técnicos, financieros y jurídicos, admitiendo porcentajes que excedan los topes fijados en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS).

Finalmente, el documento legal faculta a las entidades contratantes y a las empresas a pactar un nuevo plazo de ejecución debidamente justificado con su respectivo cronograma físico y financiero, requiriendo previamente la actualización de la garantía de cumplimiento de contrato, condición que también deberá cumplirse en las adendas para los servicios de supervisión técnica.