Daniela Romero L. / La Paz
Si se trata de dar ejemplos de injusticia en el país, él es el más claro. Gualberto Cusi fue destituido como magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2017, después de ser sometido a un juicio de responsabilidades por haber frenado la aplicación de la Ley del Notariado.
Acusado de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, Cusi fue suspendido tres años antes, en 2014, y a partir de allí lo que vivió no se lo de desea a nadie.
“Ha sido una venganza”, asegura. Asumió como magistrado del TCP luego de ser elegido con la mayoría de los votos en las elecciones judiciales de 2011. De origen aymara, Cusi poco a poco se iba haciendo notar por sus cuestionamientos contra el poder político. Fue la primera autoridad en advertir la injerencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el sistema judicial.
Pero le costó muy caro. Después de congelar la Ley del Notariado, en octubre de 2014, tras aceptar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma porque daba algunas potestades al Ejecutivo que no le correspondían, la Cámara de Diputados lo suspendió y dio luz verde al juicio de responsabilidades.
Las audiencias de aquellos días son recordadas por constantes vulneraciones a los derechos del exmagistrado porque debía estar presente asistido de oxígeno y con suero, debido a su delicado estado de salud.
Foto: Víctor Gutiérrez / Página Siete
El 22 de diciembre de ese año, su día se convirtió en noche y nunca más volvió a amanecer. ¿El protagonista? Juan Carlos Calvimontes, el entonces ministro de Salud, reveló en una conferencia de prensa que Cusi tenía una enfermedad autoinmune, vulnerando la Ley 3729 que garantiza que esa información se debe mantener en reserva.
Incluso el entonces presidente Evo Morales salió a justificar las declaraciones de su ministro. El daño ya estaba hecho, el exmagistrado tuvo que ser internado y en esas horas oscuras hasta pensó en quitarse la vida.
La población le brindó su apoyo y criticó duramente a Calvimontes. Poco a poco, Cusi logró salir de su depresión, pero no sabía que los meses y años siguientes debía enfrentar otro adversario: la discriminación.
Han pasado cuatro años de su destitución del TCP y la vida del exmagistrado ha cambiado. En todo este tiempo no pudo conseguir trabajo dentro del ámbito jurídico. Cuenta que se tuvo que dedicar a lavar ropa y hasta a la construcción.
Lamenta y se conmueve profundamente porque hasta hoy no puede tener un proyecto de familia, de pareja… Actualmente, forma parte del grupo de juristas que promueve una reestructuración en la justicia, aunque es pesimista con la idea de que puede haber un cambio real.
Usted dijo que el Relator de la ONU, Diego García-Sayán, se iba a encontrar a su llegada con una justicia muerta, ¿en qué se basa para su afirmación?
Desde que tengo uso de razón yo escuchaba que la justicia está en crisis. Uno de los primeros causantes de este problema son los legisladores, diputados y senadores, y los que generan las políticas, aunque con algunos detalles rescatables, están elaboradas a nivel elitista y no recoge precisamente la vivencia real.
El otro problema son los operadores, se pensó que con la nueva Constitución, vía voto, iba a cambiar, la justicia iba a adquirir la mayor legitimidad posible. Yo he sido parte de eso y llegando al TCP me di cuenta que no se puede hacer nada.
¿Cuál ha sido esa experiencia como magistrado del TCP?
Hay muchas leyes que eran inconstitucionales, pero lo más grave es que con el tiempo se hizo un mal uso de la elección popular. En vez de lograr que haya independencia judicial, hemos ido a la mayor dependencia de justicia, porque dependía del capricho, de la voluntad y el deseo del político, porque precisamente en este caso quien elige a las autoridades es el órgano político. El MAS tenía dos tercios, ha elegido a los amigos de Evo Morales, como el caso del juez Alcón, amigos de aquí y allá. Algunos son militantes, otros no, pero son leales al MAS, otros han pagado para estar ahí y ahí están como altas autoridades.
Y estas autoridades se reproducen, es decir cuando hay que nombrar un vocal o un juez son sus amiguitos o los partidarios al MAS. Lo mismo pasa en la Fiscalía. Prácticamente hay una dependencia total y absoluta a lo político. Para mí, más que los jueces y abogados, el que ha matado la justicia es el MAS, ellos son los autores.
¿De qué manera el MAS se introdujo en el Órgano Judicial?
Cuando yo llegué al Tribunal, el senador (Eugenio) Rojas me dijo “como partido no nos hacemos responsables en la corrupción”. Entonces qué quiso decir, que era lícito, estaba permitido en el MAS que jueces y fiscales se corrompan, pero si algo pasaba el MAS no tenía nada que ver.
La justicia se mantiene así porque le favorece, si la justicia fuera realmente digna, independiente, imparcial, correcta y justa ellos caerían. Ahora no ocurre eso, si alguien del gobierno está involucrado se queda ahí. Los procesos en cuanto sean politizados o cooptados por el órgano político, seguirán así.
Hay una cultura fea, la gente está inmiscuida en actos de corrupción y el cliente buscar al que va a ganar como sea, pero ¿quién puede ganar un proceso? El que tiene ligazón con el poder. Así de fea está la justicia y el responsable de todo es el MAS.
Otro de los problemas es que dolosamente, intencionalmente, en el gobierno del MAS no se ha otorgado un presupuesto necesario y suficiente. Cuando estaba en el TCP no nos alcanzaba, hacíamos reuniones, representaciones al Ministerio de Economía, a la Vicepresidencia, apenas lográbamos migajas. El Estado no invierte en nada, le vale.
Por todo lo que dice, parece que no hay solución.
Con todo eso yo la verdad no encuentro solución. A pesar de que yo formo parte del equipo de juristas independientes. Hemos preparado una propuesta pero ¿será que todo se resolverá con una ley? Si la sociedad está corrompida, esta maleada… Para mí el único mecanismo quizá a mediano plazo es la educación. En tanto no estemos educados, no estemos conscientes, tanto gobernantes y gobernados vamos a estar así.
¿Cuál es la base fundamental de plan de juristas?
La propuesta se basa en tres ejes fundamentales, primero la independencia judicial, que no dependa de lo político, diputados o senadores la designación, más bien que ahí estén los más probos. Se trata de modificar la CPE porque ahora de acuerdo con la competencia legal la ALP es el único que designa a los operadores.
El tema presupuestario, con el de 0,48% la justicia no marchará. Que se disponga de un presupuesto de un 3%.Un tercer elemento es que en los centros urbanos y periféricos donde no se puede acceder a la justicia se cree juzgados en cada barrio a partir de las juntas vecinales. Se propone potenciar la justicia originaria campesina.
Todo eso pasa por un trabajo largo y tedioso, todo pasa por un referéndum a iniciativa popular y es todo un tema burocrático.
La otra posibilidad es que exista un pacto social, partidos políticos y sociedad civil. Si fuera así ya no habría necesidad de firmas, directo una ley y la pregunta del referéndum al TCP. Ahorraríamos tiempo y dinero.
Todo eso toma su tiempo, la gente pide cambios inmediatos.
Nos hemos dado cuenta que con el caso del juez Alcón y el señor Choque (asesino serial) hay cosas coyunturales. Si bien se plantea algo estructural, hay temas que son urgentes, entonces el equipo de juristas ha decidido entrar en un estudio en aspectos puntuales para que la sociedad no sienta que va a esperar un largo tiempo. Vamos a trabajar en eso también.
Después de casi cinco años de haber sido destituido, ¿cómo evalúa el proceso que le siguió el MAS cuando era magistrado?
Yo llegué al TCP con un mandato social, estaba en representación del mundo indígena. En ese sentido, mi propósito era que se transforme la justicia como dicen las normas. Y en ese camino he encontrado obstáculos, desde el gobierno se manipulaban muchas cosas. Pensé que muchos colegas míos, entonces magistrados del TCP y del TSJ, se podían sumar a ese impulso para cambiar, pero no querían, no tenían voluntad. Cuando me atreví a salir públicamente, al gobierno no le gustó, pensó que yo estaba haciendo política.
Usted fue el primero en denunciar la injerencia política del MAS. ¿Se arrepiente?
En el tema de la reelección, no era correcto que Evo Morales pretenda ser reelecto de manera indefinida. A partir de ahí se lo han tomado conmigo, me declararon una persona peligrosa y me mentaron un juicio de responsabilidades en una situación incómoda. A una persona que estaba muy delicada de salud han sometido a un juicio de responsabilidades. Pero no sólo eso, esta situación de mi salud ha sido promovida y gestada desde el Poder Ejecutivo, porque ellos han sido quienes han divulgado mi situación de salud.
Para mí ha sido algo muy difícil de salir, mi proyecto de vida ha muerto, no puedo hacer familia, no puedo tener trabajo, no puedo hacer nada porque la sociedad me ha marcado como algo malo.
Así ha sido mi vida, han pasado bastantes cosas, lo importante es que sigo con vida. Yo con Juan (Del Granado) tengo mucho distanciamiento, no comparto algunas cosas, pero ellos me han invitado, me han valorado, algunas de mis experiencia he aportado ahí, entonces estamos haciendo lo que corresponde. Tal vez me hubiese dedicado al alcoholismo, pero lo cierto es que mi proyecto de vida han violentado, peor un juicio de responsabilidades que no respetó nada.
¿Quiénes son los responsables de los procesos en su contra?
Lo más grave es que si escuchan al ministro de Justicia o a los otros ministros que dicen: “por orden del Presidente”, todo es por decisión del Presidente, Cuando yo estaba de magistrado y cuando han decidido juicio, también ha sido por orden del entonces presidente Evo Morales y el vicepresidente (Álvaro García) Linera. El Parlamento sólo ha ejecutado la decisión . Así hicieron, con una saña que en las peores dictaduras no se dieron.
¿Cómo avanzó la denuncia que presentó contra el entonces ministro Calvimontes?
No prosperó. Ninguna denuncia que se presente contra el poder prospera. Hemos ido a la Fiscalía, juzgado, Colegio Médico, hicimos un procedimiento administrativo. No avanzó.
Usted abrió una oficina jurídica en El Alto y también se dedicó un tiempo a hacer activismo, ¿a qué más se ha dedicado todo estos años?
En lo que sea uno tiene que trabajar, hubo momentos en que me dediqué a lavar ropa, me fui un tiempo al campo a sembrar papa con mis papás, en otros momentos me metí a la construcción y en el comercio. En lo que uno puede, al mismo tiempo tampoco dejaba la oficina, aunque venía la gente con desconfianza hacia mí. Gracias a la pandemia ahora la gente entiende también. Muchos de ellos estuvieron en mi lugar, con el covid la gente no quería acercarse, se alejaba. Algo peor o parecido pasa con el VIH.
¿Después de este tiempo, qué piensa de todas las personas que lo han acusado, que han difundido su situación de salud? ¿Las perdonó?
No sé si perdonar o no perdonar, en algún momento he reflexionado, pero como no creo en Dios, quién podrá hacer justicia, si ellos controlan todo.
¿Cómo avanzó la denuncia que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
El siguiente paso fue ese. En las instancias internacionales las instituciones también son politizadas. A mí me tocó estar con el brasileño Pablo Abreu (secretario ejecutivo de la CIDH), pero es un militante de Lula Da Silva, y como tiene ligazón con Evo todo lo que yo decía o pedía no pasaba nada. Todos ellos representan intereses de los gobiernos, no representan a la justicia. Uno que otro son meritorios. Diego García-Sayán también tiene su pasado, tiene su línea política de Evo y Álvaro. ¿Podrá dar recomendaciones realmente? No creo. Por suerte la denuncia ha sido admitida, lo malo de la justicia internacional es que dura años, se presentó en 2016, notificaron al Estado, el año pasado han admitido. Falta mucho, pero yo también tengo dudas.HOJA DE VIDA
- Datos Tiene 55 años y nació en la comunidad Jilatiti Qullana , Ayllu Chama, de Jesús de Machaca, de La Paz.
- Estudios Es abogado de profesión.
- Cargos Mediante voto popular fue elegido magistrado del TCP.