Las autoridades colombianas actualizaron el balance de víctimas tras una potente explosión registrada el sábado en una carretera departamental, confirmando 20 personas fallecidas y 38 heridas. Según el reporte oficial del Ejército, el estallido se produjo en un retén ilegal establecido por grupos disidentes de la antigua guerrilla.
El impacto de la bomba afectó a más de una decena de vehículos, los cuales fueron desplazados varios metros debido a la onda expansiva, dejando un cráter de grandes dimensiones en la ruta. Imágenes captadas en la zona muestran la gravedad del siniestro, con restos de las víctimas y automotores totalmente destruidos esparcidos por la vía pública.
El presidente Gustavo Petro condenó el hecho calificando a los insurgentes de «terroristas» y ordenó un despliegue inmediato de la fuerza pública para su captura. Esta agresión forma parte de una ola de violencia en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, donde se han contabilizado 26 ataques desde el pasado viernes, incluyendo un atentado previo contra una base militar en Cali que dejó dos heridos.
Para Elizabeth Dickinson, directora para Latinoamérica de International Crisis Group, estos sucesos evidencian un absoluto «irrespeto» por la población civil. La experta señaló que las facciones lideradas por Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, utilizan explosivos y drones para demostrar su control territorial y generar terror entre los habitantes.
La inseguridad en la región también ha alcanzado a la esfera política; en febrero, la líder indígena y candidata vicepresidencial Aida Quilcué fue retenida durante 24 horas en una carretera del Cauca. Según los analistas, estas acciones buscan enviar un mensaje directo de dominio frente al Estado colombiano en un periodo electoral crítico.