El pleno de la Cámara de Diputados sancionó por más de dos tercios de votación el proyecto que modifica la Ley del Ministerio Público. El ajuste normativo dispone que la máxima autoridad fiscal será suspendida de sus funciones en caso de enfrentar una imputación formal o una medida cautelar.
Con la norma promulgada, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá reanudar su sesión para resolver la situación de Roger Mariaca. Bajo este precepto legal, los parlamentarios quedarán habilitados para aplicar su suspensión definitiva.
El documento aprobado establece de manera puntual que la suspensión definitiva del fiscal general conllevará la interrupción inmediata y el cese de funciones. La medida procederá cuando la autoridad esté formalmente imputada o sometida a medidas cautelares por delitos graves, requiriendo para ello el respaldo de dos tercios de los asambleístas presentes en el pleno.
Asimismo, el texto legal determina que en la misma sesión en la que se dicte la cesación, la Asamblea designará a un fiscal interino para asumir la conducción del Ministerio Público hasta la elección de un nuevo titular. Dicha autoridad transitoria tendrá como encargo prioritario desarticular toda estructura criminal asociada a los motivos que provocaron la suspensión.
Este cambio en la legislación surge a consecuencia directa de la aprehensión de Mariaca, quien permanece aguardando el desarrollo de su audiencia de medidas cautelares, instancia en la que un juez definirá su situación jurídica.