Luis Callisaya / Página Siete Digital
Diputados y exparlamentarios denunciaron este miércoles que con la desaparición de 200 expedientes de procesos contra jueces y vocales al interior del Consejo de la Magistratura, en Sucre, se busca “encubrir” las designaciones irregulares de más de 100 autoridades judiciales, que tienen en contra causas disciplinarias, penales e incluso sentencias, y pese a eso administran la justicia en el país.
“Estos señores se han llevado todos esos expedientes, incluidas de todas las denuncias que nosotros hemos puesto con pruebas, han hecho desaparecer, y son Gonzalo Alcón y Dolka Gómez (los responsables). Ahora que en la Asamblea los masistas quieran decir que debían denunciarlos, hay un tema de juicio de responsabilidades que esta para que solamente ellos dicten que se haga el juicio con todas las pruebas que los mismos masistas han aprobado y que ahora están encubriendo”, denunció el exdiputado Amílcar Barral en contacto con Página Siete Digital.
Hace unos días, el Consejo de la Magistratura informó sobre la desaparición de 200 expedientes de procesos disciplinarios contra jueces y fiscales y apuntó a los exconsejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón de ser los presuntos responsables de este hecho.
Barral recordó que en su gestión de parlamentario junto a una comisión integrada por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) hicieron seguimiento al tema de las designaciones de jueces y encontraron 169 casos irregulares, que tienen que ver con jueces que tenían procesos en su contra, otros que eran familiares de autoridades del Órgano Judicial, aquellos que con puntajes bajos terminaban siendo nombrados y pagos de altas sumas de dinero para llegar a los cargos judiciales.
El exdiputado explicó que todos esos aspectos fueron denunciados para que se autorice el juicio de responsabilidades contra los exconsejeros. Detalló que la demanda estaba lista, tenía 400 paginas, con más de 200 pruebas y la declaración de varios testigos, entre postulantes al cargo de jueces y abogados; sólo quedaba pendiente la aprobación de los parlamentarios de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, Alcón y Gómez habrían hecho “circular plata” al interior de la Cámara de Diputados para frenar la demanda, aseguró Barral. Agregó que después se prolongó la atención del caso, se intentó dejarlo sin efecto y en la actual gestión del Legislativo también pretendieron anular obrados y archivarlos sin revisar a fondo la denuncia.
“A jueces que estaban con procesos, recuerdo al juez Choque que tenía un proceso penal incluso con detención domiciliaria por un hecho laboral por el que ha sido flagrantemente mostrado cobrando 20.000 dólares para sacar absuelto a una persona, ese juez ha sido ascendido de cargo. Familiares de los mismos magistrados, familiares de los mismos funcionarios, que de acuerdo el reglamento, no podían ser elegidos, hemos denunciado todo eso”, recordó Barral.
El exdiputado sospecha que la desaparición de los 200 expedientes de procesos contra jueces y vocales tiene relación con las denuncias que hizo en su momento, porque ahora se pretendería “encubrir” todo eso, haciendo desaparecer los expedientes originales.
Anunció que como parte interesada y exparlamentario enviará un memorial al Consejo de la Magistratura para que se haga la auditoria a las 169 designaciones y verificar si tienen relación con los expedientes extraviados; además, se pedirá el inicio de un proceso penal contra los exconsejeros Alcón y Gómez.
“Quiénes más tenían interés de hacer desaparecer esos antecedentes son los que han sido nuevamente nombrados jueces con antecedentes administrativos”, afirmó.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arízaga lamentó que la Asamblea Legislativa no haya sabido fiscalizar al Órgano Judicial y no atendió más 50 denuncias que hay contra Alcón y Gómez.
“Actualmente entiendo que acá en la Cámara de Diputados hay aproximadamente entre 50 a 52 denuncias contra Alcón y Gómez, exmagistrados del Consejo de la Magistratura. Yo les digo en honor a la verdad hasta el día de hoy ninguna de las 52 denuncias avanzó más que en el papel y en la Comisión de Justicia Plural. Esa es la realidad, entones siempre va a ver acá una especia de cuidado político que tiene el MAS”, apuntó.
La diputada del MAS Estefanía Morales señaló que varios jueces fueron designados otra vez en cargos en el Órgano Judicial, pese a que tenían una sentencia por algún hecho, situación que se fiscalizará desde la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
“Lo que nosotros hemos podido evidenciar, porque no hay una respuesta todavía, no nos pudieron responder el Consejo por escrito, por eso, estaban verificando esta situación de los procesos (contra jueces), pero sí contaban con una sentencia, tal vez no ejecutoriada, pero sí contaban con una sentencia (…). No hay una respuesta todavía del Consejo de la Magistratura por el momento estamos esperando la respuesta. (¿Cuántos jueces serian?) Aproximadamente 130 a 150 jueces”, aseguró la diputada Morales en entrevista con Fides.
Informó que si bien los 200 expedientes desaparecieron, aún se tiene registrado los proceso en formato digital.
En ese sentido, Morales señaló que los miembros de la Comisión de Justicia Plural viajarán a Sucre entre el 8 y 9 de octubre, para inspeccionar y fiscalizar al Consejo de la Magistratura sobre la desaparición de los expedientes. Además anunció que se revisará en qué situación está cada proceso disciplinario y penal que pesa contra diferentes autoridades judiciales.