Detalles esenciales de la propuesta de ley sobre Estados de excepción en el país
El proyecto normativo establece límites temporales estrictos para estas medidas extraordinarias. Específicamente, se determina que la vigencia de un Estado de excepción no podrá sobrepasar los 90 días, a menos que exista una autorización previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante votación de mayoría absoluta. Asimismo, la propuesta legal prohíbe taxativamente la declaración de un nuevo estado de excepción bajo los mismos argumentos dentro del mismo año fiscal, exceptuando situaciones donde se presenten nuevos acontecimientos.
En el ámbito de la seguridad interna, cuando la capacidad de la Policía Boliviana se vea superada por situaciones de conmoción, el Órgano Ejecutivo estará facultado para disponer el apoyo extraordinario de las Fuerzas Armadas, una disposición que deberá ser emitida directamente por el Presidente del Estado. En este marco, los efectivos militares podrán intervenir exclusivamente para resguardar la infraestructura estatal, proteger rutas estratégicas, hospitales y aeropuertos, además de ejecutar operaciones humanitarias para garantizar el libre tránsito en el territorio nacional.
Respecto al uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, el documento señala que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas deberán emplearla únicamente como último recurso y de manera proporcional a la amenaza identificada. Se prohíbe explícitamente el uso de armamento de daño masivo, mientras que la aplicación de la fuerza letal queda estrictamente restringida a escenarios de absoluta necesidad y como medida extrema de última instancia.
Finalmente, la iniciativa legal blinda los derechos ciudadanos al determinar que la aplicación de un Estado de excepción bajo ninguna circunstancia podrá suspender las garantías constitucionales ni los derechos fundamentales, incluyendo el derecho al debido proceso. Adicionalmente, se impone un mecanismo de fiscalización que obliga al Órgano Ejecutivo a remitir al Legislativo informes periódicos cada 15 días como máximo sobre el desarrollo de la medida.