19 de septiembre de 2021

El GIEI detecta responsabilidad del Estado por la impunidad en muertes de Montero

El reporte de ocho capítulos fue presentado este martes por los expertos del GIEI y está disponible en: https://gieibolivia.org/

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó vulneraciones a los derechos humanos en la crisis de 2019, halló responsabilidades en el Estado por la impunidad en el caso de tres personas fallecidas en la población cruceña de Montero.

Los especialistas detallaron en el informe las circunstancias en las que murieron los ciudadanos Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, que eran parte del movimiento cívico.

Fueron las primeras bajas de la crisis de 2019 que estalló tras las elecciones nacionales de octubre de ese año y cuando Evo Morales, quien aún estaba en el poder, se había postulado para ser reelecto para un cuarto mandato consecutivo.

«El Estado no ha sido diligente para esclarecer los hechos ocurridos el mediodía del 30 de octubre en el Puente de la Amistad. No hay información sobre el número y la condición de los heridos, de las circunstancias de los enfrentamientos o definición de responsables», señala el reporte.

“El Estado también es responsable por la impunidad todavía existente, por el uso arbitrario del proceso judicial para perseguir profesionales de la salud y por detenciones arbitrarias en carácter preventivo”, apunta el informe.

La investigación revela, además, que Roberth Ariel Calizaya perdió la vida en esa ciudad cruceña el 13 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Morales a la presidencia.

Ese día también “resultó herido de bala Freddy Riquelme durante un operativo conjunto para contener supuestos actos vandálicos de simpatizantes masistas en la zona del Mercado Germán Moreno. Existen claros indicios de que los disparos de arma de fuego previenen de la Policía”.

Respecto a la polarización, el GIEI señala que, por una parte, al Consejo Nacional de la Democracia (Conade) y los partidos opositores Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No convocaron a un paro cívico desde el 22 de octubre de 2019.

Pero, por otro lado, señaló que “el entonces presidente Evo Morales convocó cuatro días después a sus simpatizantes a movilizarse en contra del paro cívico”.

“En esa secuencia del proceso de retroalimentación de la conflictividad entre los sectores en pugna, el 29 de octubre, líderes de comités cívicos llamaron a ‘radicalizar la lucha’”, lo que derivó en la pérdida de vidas.

En ese marco, el GIEI resaltó que las personas que perdieron la vida y las que resultaron heridas no han obtenido justicia hasta esta fecha. Los expertos observaron que las investigaciones para esclarecer se desarrollaron  “para acreditar la existencia de un grupo civil armado afín al MAS, en vez de dilucidar las circunstancias en que hubieran ocurrido los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes”.

En ese marco y luego de recomendar una despolitización del Órgano Judicial, el GIEI demandó al Estado “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos identificadas en este Informe o en casos similares”.

El Gobierno de Luis Arce aprobó en marzo el Decreto 4461. El propósito de esa norma consistía en “reestablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

El GIEI Bolivia fue integrado por Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá. Asimismo, Jaime Vidal fungió como secretario ejecutivo del grupo que investigó los sucesos violentos contemplados entre septiembre y diciembre de 2019.

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