19 de septiembre de 2021

El GIEI observa la falta de independencia en la administración de la justicia boliviana

Señala que este problema abarca a la Fiscalía, el Ministerio Público y en la formulación del debido proceso, advierte que ocurría en esa época y que que «persiste» en la actualidad.

Los bloqueos en el Distrito 8 de El Alto, cerca de la extranca de Senkata, este lunes. Foto-Vladimir Pacheco

Lo dijo, pese a todo. Aunque limita el análisis al período que abarca su estudio (entre noviembre y diciembre de 2019), remarca que “persiste en la actualidad”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales subraya en su informe que la falta de independencia de la administración de justicia cobra una dimensión más amplia en el ámbito penal, lo cual quedó en evidencia durante el periodo relativo a este informe. Señala problemas en la Fiscalía, el Poder Judicial y la debida diligencia.

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, dice el documento.

El GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. “El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”, señala.

Una tendencia que se observó en los expedientes investigativos y judiciales iniciados entre septiembre y diciembre de 2019 fue el uso frecuente de las figuras penales de “sedición y terrorismo” para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición.

La apertura de investigaciones fiscales y procesos judiciales bajo estos tipos penales vino en muchos casos precedida o acompañada de expresiones públicas de autoridades para que se llevaran a cabo las detenciones y la apertura de procesos. Así, entre otros, el 14 de noviembre de 2019, el entonces ministro de Gobierno anunció una “cacería” contra dirigentes del gobierno saliente y contra quienes participaran en manifestaciones y “actos de sedición”.

Actualmente, los procesos en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, sus exministros y exjefes militares tienen también el rótulo de terrorismo, sedición y conspiración, pero no los menciona el informe porque está fuera de su tiempo de análisis.

El GIEI señala que un factor de debilitamiento de la confianza en el sistema de justicia es el uso del proceso penal para la persecución política. Esa distorsión de la función judicial está, en muchos casos, relacionada con la utilización indebida de los tipos penales de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición.

 Esa “indebida criminalización resulta, primero, de la propia norma legal, que define la conducta de ‘subvertir el orden constitucional’ como crimen de terrorismo, y la figura de “trastornar o turbar de cualquier modo el orden público”, como sedición.

“Esos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad. La formulación de una figura de terrorismo desvinculada del elemento específico de ‘producir temor en la población’ no cumple con los estándares internacionales. Además, se observa que la Fiscalía también utiliza abusivamente esos tipos penales para procesar arbitrariamente conductas que notoriamente no tenían los elementos subjetivos de esos crímenes. La instrumentalización política del sistema de justicia durante el referido periodo menoscabó gravemente la independencia del mismo”, señala el documento.

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