El sector empresarial de Tarija repudió el incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional y el 5% al haber básico acordado entre el gobierno central y la Central Obrera Boliviana (COB). «Esta es una noticia negativa para el sector y una vez más vemos que se toman decisiones sin la participación de quienes erogan este aumento salarial. Es fácil definir el incremento cuando los fondos económicos no salen de sus bolsillos», dijo la presidenta de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar), Marina Ruiz.
La empresaria advirtió que, con esta medida, se pierde el empleo digno y habrá una mayor informalidad en este departamento por efecto de la inflación y el déficit fiscal.
El anunció gubernamental del incremento salarial cayó como «balde de agua fría» en los empresarios locales que tenían la esperanza de que se dejara sin efecto a causa de la crisis económica en el país.
«El gobierno de Luis Arce no tiene ninguna consideración con el sector privado que genera entre 7 a 8 empleos de cada 10. No debiera haber incremento salarial en este año porque pueden haber despidos masivos y hasta cierre de empresas», afirmó el economista Roberto Jordán. En su análisis, esta es una manera de continuar fomentando la informalidad en Bolivia, con más del 80% de la población en situación de empleo informal.
El economista consideró que el gobierno de Arce busca congraciarse con sus bases del supuesto «voto duro» del MAS, como son los empleados públicos que deben estar entre 300.000 a 400.000 empleados en la actualidad y una de las causas mayores del déficit fiscal que atraviesa el país en los últimos años.
Se prevé para este año un crecimiento de la economía boliviana en un 1,3% y con el aumento salarial el país crecerá menos a ese pronóstico del Banco Mundial (BM).