Evaluación a firmas estatales responde a criterios financieros para resguardar recursos del país, asegura el Ejecutivo
La administración central remarcó que el proceso de reorganización, disolución o liquidación de firmas estatales no responde a una postura política sino técnica y económica, contemplando plazos de 15 días para que los ministerios tramiten las normas que definirán el futuro de las entidades observadas.
El proceso de revisión de las firmas estatales obedece a una postura netamente económica orientada a cuidar el patrimonio de la población, según explicó el director de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, en referencia a la aplicación del Decreto Supremo 5727.
En declaraciones a medios estatales, el funcionario subrayó que no se trata de una medida política, sino de una determinación técnica y financiera asumida por la gestión del presidente Rodrigo Paz para proteger los fondos de los bolivianos.
La normativa promulgada define como prioridad del Órgano Ejecutivo la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas de la administración central. Estas acciones deberán sustentarse en el diagnóstico técnico desarrollado por la OFEP y refrendado por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep).
Camacho destacó que, por instrucción presidencial, la entidad transparentó los antecedentes de las empresas públicas en su portal digital. Además, remarcó que los montos canalizados hacia ciertas compañías habrían tenido un mejor impacto en hospitales, escuelas y servicios de saneamiento básico.
De acuerdo con la reglamentación, una vez que el Coseep apruebe el diagnóstico técnico que sugiera la reorganización, la cartera de Estado del rubro contará con un plazo de 15 días hábiles para gestionar los instrumentos jurídicos necesarios. En los escenarios de disolución o liquidación, dispondrá igualmente de 15 días para elevar el proyecto de Decreto Supremo o el Anteproyecto de Ley al Ministerio de la Presidencia, según la norma con la que fue fundada la entidad.
El titular de la OFEP reprochó que varias compañías se crearan por simple capricho y ejemplificó la situación con las plantas procesadoras de café en Pando y de limón en el norte de Potosí, proyectos que fueron entregados oficialmente pero jamás comenzaron a operar.
Camacho detalló que la OFEP tiene bajo su registro a 67 empresas públicas, a las que se suman más de 100 dependientes del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), al margen de las instancias municipales y departamentales, describiendo el panorama como un daño enorme y una estafa histórica para el país.
Para precautelar los activos, desde la notificación formal las entidades tendrán prohibido contraer nueva deuda, disponer de bienes, firmar contratos plurianuales que superen el ejercicio fiscal, sumar personal regular, convalidar incrementos salariales o perdonar deudas. Quienes incumplan estas disposiciones asumirán responsabilidades en el marco de la Ley N° 1178.