Carlos Quisbert / La Paz
Casos de injerencia y extorsión de legisladores y dirigentes a la Policía durante la gestión del MAS fueron de conocimiento del entonces presidente Evo Morales, quien pidió investigaciones, según confirmó el exministro Carlos Romero. Un diagnostico administrativo interno del Comando de la Policía Boliviana concluye, entre los puntos más importantes, que la ausencia de una política de recursos humanos impide evitar los actos de corrupción.
El diagnóstico, presentado en diciembre, tiene sustento en informes y evaluaciones internas de anteriores gestiones de la Policía y es confirmado por coroneles y generales -activos y pasivos- que dieron su testimonio para este reportaje. Algunos revelaron documentos, fotos, videos, audios y hasta sentencias celosamente guardadas “por seguridad” para evitar la persecución judicial.
Desde el punto de vista de los propios policías, los intereses de facciones que mantienen pugnas internas en la verde olivo dieron lugar a un sometimiento de la Policía al poder político que derivó en redes de corrupción.
Redes e investigaciones
“En 2018, en el caso de muchos policías había una red de extorsionadores. La tarea de investigarla se la dio al Comando, pero no se sustentaron las denuncias específicas, porque cuando hay una red se involucra a muchos actores que se presentan afirmando que tienen influencias con autoridades. Son procedimientos que jamás hemos aceptado en nuestra gestión”, señaló el exministro Romero en contacto por celular con Página Siete.
Consultado sobre si el expresidente Morales le instruyó investigar esos hechos ilícitos, Romero respondió: “Claro. Había gente que les pedía plata a los policías e involucraban a autoridades pero ellos (los oficiales extorsonados) no se animaban a dar nombres”, sostuvo en referencia a un caso de 2018 sobre un grupo liderado por un supuesto pariente del mandatario.
En 2019, la Fiscalía reveló que un general acusó y presentó ante Morales el informe sobre el caso de Rommel Raña. El excomandante de la Policía de Oruro fue acusado de realizar cobros irregulares para cambios de destino de policías con el argumento de recaudar fondos para la campaña del MAS.
Familia presidencial
En el primer caso, en 2018 el excomandante departamental de Cochabamba, coronel Rolando Montaño, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra un grupo liderado por Rodrigo Medrano Peredo, tío materno de un supuesto hijo el exmandatario, Álvaro Morales Peredo. Los acusó de extorsionar a jefes policiales a nombre de autoridades y dirigentes del MAS.
Montaño afirmó que días antes de presentar la denuncia fue llamado de manera repentina a una reunión en el aeropuerto de Cochabamba, allí se sorprendió con la presencia del presidente, quien conocía con nombres y apellidos a los involucrados.
“Evo Morales ya sabía de las andanzas de este señor (Medrano), que se presentaba como tío materno de su hijo (Álvaro Morales). El gobernador Iván Canelas me hizo llamar a una reunión. Ahí el presidente me preguntó lo que pasaba y le respondí que me pedían 50.000 dólares para que me ratifiquen como comandante departamental a nombre de los movimientos sociales y otras autoridades. Por supuesto que dije que me negué a pagar por algo que por mérito me correspondía”, dijo Montaño consultado para este reportaje.
En los hechos, en marzo de ese año Montaño fue destituido y relegado a un puesto intermedio antes de pasar a la jubilación.
Romero señaló que no fue el único caso que se debatió en las reuniones que sostenían con Morales en el Comando de la Policía durante su gestión. Dijo que de por medio también estaban las pugnas entre facciones de oficiales que postulaban a los ascensos a generales, y en algunos casos le pedían audiencia para “hablar mal de sus camaradas”.
Según el expediente archivado en la Fiscalía de Cochabamba, Medrano -el acusado de extorsión- fue aprehendido, pero el caso fue cerrado por el “vencimiento de plazos procesales” y quedó libre meses después.
En enero de 2021, la dirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, denunció públicamente que Rodrigo Medrano, Álvaro Peredo y un supuesto oficial de apellido La Fuente se presentan a nombre del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, para extorsionar a coroneles en Cochabamba. Al momento no hay un caso abierto en la Fiscalía por esas denuncias
Contrabando en Oruro
En el segundo caso, en 2019, el entonces comandante departamental de la Policía de Oruro, Rommel Raña, fue acusado de encubrimiento y dirigir una red que permitía el ingreso de contrabando desde Chile y de realizar cobros irregulares para destinar a policías los puestos de control.
El fiscal Franz Chávez informó a Página Siete -en una entrevista de marzo de 2019- que un jefe policial había denunciado a Raña ante el presidente Morales en una reunión de noviembre de 2018. Pero el caso demoró cuatro meses en ser abierto.
La abogada de Raña, Karen Morón, dijo que esto sucedió luego de que una carta anónima llegó al Ministerio de la Presidencia con datos de la denuncia que -afirmó- “melló la dignidad” de su cliente.
Meses después se reveló que el entonces subcomandante de la Policía, general Agustín Moreno, fue quien declaró ante la Fiscalía sobre la denuncia por informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas (FFAA).
“Yo he prestado una declaración ante la instancia correspondiente, me he ratificado en la misma y no voy a cambiar la versión porque todo lo que dije en su momento fue la verdad”, declaró Moreno en un breve contacto con Página Siete antes de ser relevado del cargo en 2019.
Desde el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando se confirmó que dicho informe de inteligencia era verídico y contenía datos precisos sobre las más de 100 personas involucradas (entre policías, exmilitares, funcionarios además de comunarios).
El reporte establecía que el argumento usado por Raña para recaudar de cada uniformado, entre 500 y 2.000 dólares cada dos semanas, a cambio de destinarlos a 19 puntos estratégicos de control de ingreso de mercadería desde Chile, era el “ financiar la campaña electoral del MAS”.
Mala administración de RRHH
Un “diagnóstico situacional” realizado por el Comando General de la Policía Boliviana en 2019 y presentado en diciembre pasado concluye, entre otros puntos, que la ausencia de una política administrativa de sus recursos humanos impide evitar los actos de corrupción.
Una de las causas -sostiene- es que la institución se rige por preceptos “autoritarios y autocráticos”, en relación a la cadena de mando según los grados, con una concentración de poder de decisión en el comandante general de la institución.
Uno de los responsables de dicho diagnóstico, que pide reserva de su identidad, afirmó que los relevos anuales del comandante general traen consigo problemas con la modificación de políticas administrativas del personal, según el criterio que cada nuevo general aplica. Ello impide que concluyan los proyectos iniciados por sus antecesores que permanentemente se encuentran “en procesos de reforma o implementación de sistemas”. Esto genera que las labores de cada unidad o dirección nacional se vean “atomizadas” o dispersas y sean altamente burocráticas.
En conclusión, señala el responsable, “las órdenes de destino jamás se cumplen, los policías son destinados según un criterio personal de los nuevos jefes. A veces hay rencillas y cualquiera se sorprende cuando de La Paz son alejados a una población fronteriza (…) Así, podemos tener a un buen investigador con formación en psicología o derecho controlando el tráfico en lugar de asignarlo a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, o a un sargento destinado en un puesto fronterizo por varios años sin que nadie diga nada”, explicó la fuente.
Narco generales
Sin embargo, para los suboficiales y sargentos entrevistados -que también piden reserva de su identidad por el temor a represalias-, “son los coroneles” los que dan lugar a extorsiones y otras ilegalidades. “Se ofrecen, con su apoyo político, por un reconocimiento o un memo de felicitaciones” que les ayude a sumar puntaje para el ascenso a generales.
“Hasta donde sabemos, no hay un solo comandante al que no hayan procesado después por corrupción, eso se puede verificar”, afirmaron.
En efecto, extorsión, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, encubrimiento de hechos violentos -con pérdida de vidas-, tráfico de influencias, resoluciones contrarias a la ley, falsificación de documentos, lavado de dinero y otros son los delitos relacionados a los nombres de los 16 comandantes generales de la Policía posesionados por Morales en sus 14 años de mandato, desde 2006 hasta 2019.
Así lo confirman los registros del Ministerio Público y la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), en la que figuran varios de los generales ascendidos con la aprobación de la Asamblea Legislativa manejada por el MAS. Entre los casos más graves destacan los de los generales René Sanabria (2009), Óscar Nina (comandante en la gestión 2010) y Abel de la Barra (2018).
El primero fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2011 y Nina fue detenido por el mismo delito en 2015. De la Barra fue procesado por la venta de destinos policiales en Beni en 2019.
Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight IX de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo (FPP).
Foto: Archivo
Política de RRHH
- Administración La Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana carece de una política administrativa de su talento humano, esto debido al revelo, cada año, del comandante general.
- Sin computadora En RRHH no existe registro digitalizado de los procesos disciplinarios o penales abiertos contra policías, se desconoce cuánto tiempo permaneció un policía en una unidad y se incumplen las orden generales de destino.
Sin plan de carrera
- Solo oficiales Se tiene que en 2021 la Policía tiene al menos 39.000 uniformados, pero sus reglamentos internos sólo están dirigidos a fiscalizar el proceso de formación y ascensos hasta el grado de general del 12% de sus miembros, entre subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, coroneles y generales. El otro 82%, suboficiales, sargentos, cabos y policías no tiene un plan de carrera para supervisar sus ascensos.
Los interculturales
- 54 cadetes En 2012, a raíz de una resolución firmada por el general Jorge Santiesteban, 54 “bachilleres interculturales” ingresaron a la Academia Nacional de Policías (Anapol) sin rendir el examen de admisión. El Gobierno anuló la resolución y éstos, que no pertenecían a sectores campesinos, fueron expulsados en medio de las protestas de los padres que denunciaron que pagaron entre 4.000 y 10.000 dólares para lograr la admisión de su familiar.
Certificados y notas
- De la Barra “(El general Abel) De la Barra era mi amigo, tengo pruebas de que él falsificó más de 200 documentos para sumar 400 puntos y ser general, voy a demostrarlo”, declaró en 2017 Antonio de la Fuente, un exasesor del jefe policial sobre los documentos que éste presentó para ascender a ese grado. Por otro lado, el general Alfonso Mendoza publicó varias notas de prensa que le valieron para superar a su rivales en el puntaje sobre la formación académica.
Detectives
comandantes
Sin egresar de Anapol
El nombramiento de Víctor Maldonado (2012) y Edgar Téllez (2015) como comandantes generales de la Policía marcó, para los oficiales egresados de la Academina Nacional de Policías (Anapol), una de las imposiciones políticas más graves desde el gobierno de Evo Morales.
Reglamento
Cambios polémicos
El artículo 13 de la Ley Orgánica de la Policía dice que para ser como comandante general “son requisitos indispensables: ser boliviano de nacimiento, haber egresado de la Anapol, diplomado de la Escuela de Estudios Superiores, tener el grado de general y cumplir con los requisitos del plan de carrera”. Para el nombramiento de Maldonado estos fueron cambiados y se realizó uno que dejaba de lado procesos penales que pesaban contra el entonces coronel.
Detectives
Escuelas de la dictadura
Tanto Maldonado como Téllez fueron egresados de una escuela de detectives (DIN) creada en la dictadura militar y cuya función era dar información para detener a dirigentes sindicales. Su formación fue homologada por orden del Gobierno del MAS en la convocatoria de 2012.