27 de octubre de 2020

Gobierno asegura que dirigente de la COB no protege los intereses de los trabajadores y defiende al MAS

El gobierno  aseguró que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, no protege los intereses de los trabajadores del país, además consideró que utiliza al ente matriz para defender los intereses del expresidente Evo Morales y de los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi no representa ni protege los derechos laborales de los obreros del país, sólo garantiza y protege los intereses del señor Evo Morales y de sus aliados. Ha perdido todo el respaldo de los sectores sociales que aglutina el ente matriz de los trabajadores, lamentablemente lo está usando a su conveniencia», dijo el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. en entrevista con Primero la Verdad, de Bolivia Tv, según reporte de la ABI.

Huarachi y los dirigentes del Pacto de Unidad, confirmaron que a partir de este lunes iniciarán con las medidas de presión, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se retracte la fecha de las elecciones generales para el 6 de septiembre. El TSE postergó la fecha para el 18 de octubre debido a la evaluación epidemiológica del pico de contagios de coronavirus en agosto y septiembre.

Por otra parte, la autoridad indicó que el Ministerio Público debe convocar a Juan Carlos Huarachi, al candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, a la diputada Betty Yañiquez y otros dirigentes para que declaren por la denuncia que interpuso el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

“Como ministro de la Presidencia he interpuesto una demanda penal en contra Evo Morales Ayma, Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la COB, Betty Yañíquez Lozano, jefa de banda del MAS, y todos los cómplices, coautores y encubridores”, manifestó el ministro la pasada semana.

El Ministro dijo que los delitos por los que se los acusa son atentado a la salud pública, instigación a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de los bienes del Estado.

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