La Cámara de Diputados determinó devolver el proyecto de abrogación de la Ley 1720 a la comisión correspondiente, con el fin de que se realicen las correcciones a las observaciones presentadas previamente en la instancia legislativa.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que la convocatoria al encuentro nacional incluye a líderes de sectores sociales, productivos y empresariales. El funcionario aclaró que cualquier demora en las invitaciones responde a temas logísticos, enfatizando que el objetivo es lograr un consenso sobre reformas en hidrocarburos y energía.
En el ámbito económico, se destaca la observación de especialistas sobre el pago de casi 473 millones de dólares que Bolivia deberá afrontar por concepto de intereses de los bonos soberanos.
Tras las movilizaciones de sectores campesinos, el Ejecutivo se comprometió a anular la Ley 1720. Sin embargo, esta decisión genera controversia, ya que diversos sectores productivos defienden la norma asegurando que su vigencia es beneficiosa para el desarrollo nacional.