Yolanda Mamani Cayo / La Paz
A Human Rights Watch (HRW) le causó alarma que el Estado a cargo del presidente Luis Arce no haya tenido la capacidad de hacer cumplir una orden judicial para trasladar a la expresidenta Jeanine Añez a un hospital y le pidió -como es su responsabilidad- proteger los derechos de la exmandataria que está privada de libertad.
“Bolivia: Nos preocupa que el Estado carezca de la capacidad o de la voluntad de hacer cumplir una orden judicial destinada a proteger la salud de una persona en su custodia, como era la orden de traslado a un hospital de la señora Jeanine Añez”, afirmó ayer el investigador de HRW César Muñoz.
“Estamos siguiendo de cerca la situación en Bolivia”, acotó la directora para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk.
La entidad internacional expresó su preocupación por los hechos suscitados la jornada del viernes después de que el juez Franklin Siñani emitió un fallo en el que instruía trasladar al Hospital de Clínicas a Añez para ser atendida de emergencia, pero horas después, a pedido del Gobierno y por presión de funcionarios del MAS, retrocedió y dispuso que la exjefa de Estado sea atendida en el penal, incluso “en contra de su voluntad”.
En ese marco, Muñoz le recuerda a Arce que como jefe de Estado “es responsable por la salud y la protección de los derechos de todas las personas en detención” y le pide autorizar que Añez sea atendida en un hospital con médicos independientes. “Instamos al presidente Luis Arce a autorizar una evaluación por médicos independientes del estado de salud de Añez, con recomendaciones sobre su tratamiento y el lugar más adecuado para realizarlo, respetando en todo momento los derechos de Añez y su familia”, demandó Muñoz.
El líder opositor venezolano, Leopoldo López, también se hizo eco del pedido de ayuda internacional que lanzó Carolina Ribera, hija de Añez, por la situación de su madre.
“Responsabilizamos al régimen de Bolivia por su integridad física y la de su madre, tras agresiones cobardes por parte de funcionarios del régimen de Luis Arce”, afirmó López.
Bolivia
En el país, toda la clase política que no responde al MAS se pronunció en respaldo de Añez y de su hija Carolina Ribera, que también sufrió agresiones físicas de la Policía, según su denuncia, por lo cual el Instituto de Investigaciones Forenses le dio seis días de incapacidad.
Una de esas voces fue la del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien además subrayó que todos esos hechos se dieron en presencia del relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.
“Estando en La Paz el Relator de NNUU que investiga independencia judicial, el gobierno ordena cambiar decisión judicial, viola los DDHH de la expresidenta y manda que violentas bandas masistas de empleados públicos golpeen y maltraten a Carolina Ribera. ¿Son necesarias más pruebas?”, cuestionó Mesa.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, llegó hasta la puerta de la cárcel de Miraflores donde se encontró con Ribera, a quien le expresó su solidaridad y le escribió una carta a Añez en la que le pide “confiar en Dios y no someterse a un mayor sufrimiento”, además porque “la necesitamos para que cuente su verdad”. Arias quiso visitar a Añez pero le negaron el ingreso aduciendo que las visitas son para personas menores de 55 años, él tiene 60.
Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, calificó como un secuestro la detención de Añez, a quien impidieron que sea atendida en un centro médico.
“No dejaron que Añez vaya a un hospital. Y me temo que hoy o mañana el gobierno la obligará a suspender su huelga por la fuerza. Lo que ella sufre no es una detención regulada por la ley, sino un secuestro de parte de sus enemigos políticos”, dijo Doria Medina en sus redes.
Nos preocupa que el Estado carezca de capacidad de hacer cumplir una orden judicial”. César Muñoz, HRW
Estando en La Paz el Relator de NNUU, gobierno ordena cambiar decisión judicial, viola DDHH
Carlos Mesa, expresidente