19 de septiembre de 2021

La CIDH admite la demanda por las muertes de La Calancha

Preparan una resolución de fondo que pueda ser de acusación al Estado

La demanda por las tres muertes de La Calancha, en Sucre, en noviembre de 2007, fueron admitidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en las últimas horas notificó a las partes con esta admisión y que prepara una decisión de fondo que podría ser la acusación al Estado boliviano.

Si bien la resolución es de 8 de julio de este año, fue notificada ayer, lo que motivó las repercusiones de varios sectores, entre ellos, del principal denunciante, el exdiputado Horacio Pope, que llevó esta demanda ante la CIDH hace seis años. 

«Ahora no solo debe hablarse de Senkata y Sacaba, sino también de La Calancha”, escribió el también excandidato a alcalde de Sucre.

La resolución de la CIDH, que fue publicada en su página web, señala en sus conclusiones que se declara “admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 8, 13, 15 y 25 de la Convención Americana” y declara inadmisible la petición en relación con Juan Carlos Saavedra y Roger Soliz Soria, como denunciantes.

El documento hace referencia de que en los últimos 14 años después de las muertes de Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo en noviembre de 2007, la investigación de estos hechos se mantiene en la fase preliminar «sin ser debidamente investigadas y sancionadas, a la espera que la Cámara de Senadores autorice el juzgamiento. En razón a ello, la Comisión considera que resulta aplicable el artículo 46.2.c) de la Convención Americana”, reza en uno de los puntos del documento», publicado por la CIDH.

Este caso fue denunciado en la Fiscalía General del Estado ese mismo año de 2007, tras los conflictos por la capitalidad, en contra del entonces presidente Evo Morales, su ministro de Gobierno, Alfredo Rada y tres jefes policiales, empero, la Fiscalía excluyó del proceso a Morales y abrió proceso contra el resto, pero desde entonces no hay autorización de juicio en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El abogado constitucionalista Arturo Yáñez sostuvo que esta nueva declaración de admisibilidad, es el segundo filtro dentro del proceso de la demanda, con la que se notifica a las partes y la CIDH continuará con el análisis de fondo de la cuestión y si corresponde, acusar al Estado boliviano para llevarlo a juicio ante la Corte IDH.

En criterio del abogado, esta segunda admisión es una buena señal para que el proceso contra el Estado siga su curso ante la Corte IDH, porque de por medio hay personas fallecidas y la impunidad que existe sobre este hecho.

| EL DEBER