28 de febrero de 2021

La mayoría del MAS aprueba el decreto de indulto y amnistía en medio de gritos de “dictadura”

Antes de mediodía se dispuso la “suficiente discusión” y luego se procedió a la votación. Legisladores contrarios al oficialismo rechazaron la imposición que, sostienen, generará “impunidad”

En medio de gritos, la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó la mañana de este viernes el Decreto Presidencial de amnistía e indulto, tras una polémica sesión en la que se dictó “suficiente discusión” y se procedió a la votación en medio de acusaciones de “dictadura”.

El bochornoso escenario tuvo lugar antes de mediodía de este viernes, cuando, tras airosos discursos del oficialismo y la oposición, se validó la iniciativa, que beneficiará a personas que fueron procesadas durante el Gobierno de Jeanine Áñez, entre ellos Evo Morales.

“Tenemos que caminar por el camino establecido, tenemos normas (…) No habiendo más oradores, ahora vamos a proceder a la votación. Con el voto afirmativo de la mayoría absoluta queda aprobado el decreto presidencial de amnistía e indulto”, dijo el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca.

La autoridad casi perdió el control de la sesión y tuvo que requerir de la ayuda de sus colaboradores para asegurar la aprobación del decreto. En varios momentos de la sesión los gritos impidieron que se escucharan sus solicitudes de “orden”.

Tras la reconsideración, necesaria para concretar la aprobación, el vicepresidente dio por cerrada la reunión de diputados y senadores, aunque persistían las exigencias de los opositores, quienes demandaron que se siga debatiendo la norma, que, a su juicio, generará “impunidad” para quienes protagonizaron hechos vandálicos entre octubre de 2019 y el mismo mes en 2020.

De acuerdo al texto, Defensa Pública y la Dirección General de Régimen Penitenciario tienen la responsabilidad de recibir y analizar las solicitudes, para remitirlas a los juzgados, siendo beneficiados, además de privados de libertad, dirigentes, exautoridades y hasta los exmandatarios.

La medida alcanza a “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

| EL DEBER