Mesa se acoge al silencio y jura que no se prestará a propiciar “forzadas autoincriminaciones”

La posición que fijó frente a los fiscales que investigan el caso denominado “golpe de Estado” fue contundente. “No voy a convertirme en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente”, declaró efusivo, el expresidente Carlos Mesa, durante la audiencia pública al que asistió.

De esta manera el acto procesal que convocó el Ministerio Público, para conocer la posición de Mesa, sobre el caso “golpe de Estado”, terminó sin declaraciones, y al contrario, los investigadores fueron apersonados por el líder político de estar “forzando autoincriminaciones” con un proceso judicial que esta amañado políticamente.

“En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra si misma…el derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”, citó Mesa el artículo 121, I de la Constitución Política del Estado para justificar su postura.

Mencionó además el artículo 193, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal que dice “El testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales puede surgir su responsabilidad penal”, para refrendar una línea de conducta que no pretende modificar.

El fiscal asignado al caso, Omar Mejillones, admitió que Mesa no declaró, se acogió al silencio y solo pudieron hacer tres preguntas y asumieron conocimiento de un extenso documento que expuso, a letra muerta, el líder político que fue citado en calidad de testigo.

Durante las horas que estuvo en predios de la fiscalía, ocurrió lo contario. Los investigadores tuvieron que escuchar a Mesa que, durante el desarrollo de la audiencia, leyó un documento de 10 puntos en los cuales puso en claro la posición que tiene sobre el proceso y el interés político que existe por detrás.

“Este es un juicio penal que no tiene ninguna base de legalidad, se fundamenta en hechos falsos y en manipulación de pruebas aparentes”, fijó posición Mesa frente a los fiscales.

La investigación penal está fuera de la legalidad porque están vigentes dos leyes: 1266 “Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales” del 24 de noviembre de 2019 y la ley 1270 “Ley excepción de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas” de 20 de enero de 2020, recodó el líder opositor a los investigadores en la audiencia.

Mesa también expuso ante los fiscales que la investigación que promueven se fundamenta en hechos falsos porque en Bolivia en 2019, se produjo un fraude electoral, que está documentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y tiene respaldada de la Unión Europea.

 “Esa evidencia quiere taparse con la construcción del caso por el que he sido convocado, que pretende falsear la verdad histórica, despreciando a millones de ciudadanos bolivianos, cuando está demostrado que la única manipulación que hubo para vulnerar el orden constitucional, intentó hacerla el expresidente, Morales el 19 de noviembre de 2019”, subrayó.

Mucho más elocuente en el punto 5 de su declaración documental que expuso ante los fiscales, Mesa afirmó que “este proceso penal, con las declaraciones de los testigos convocados, pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y convertirse en un elemento de manipulación de pruebas y de forzadas autoincriminaciones, para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio de oposición, como lo hizo el anterior gobierno de Evo Morales, y lo quiere hacer el gobierno de Luis Arce”.

“Como presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana, durante los 21 días de resistencia democrática y el periodo crítico que media entre la renuncia y huida de Evo Morales del país y la posesión del gobierno transitorio, respondieron a esos principios, como lo prueban los testimonios registrados en los medios de comunicación y las redes sociales en esos días, el informe vinculante de auditoría de la OEA, y el documento de la Iglesia Católica de 15 de junio de 2021”, invocó Mesa.

El líder político, volvió a reiterar que siempre cumplió la ley y que, la conducta personal y pública que tuvo a lo largo de su vida, estuvo enmarcada en los derechos y obligaciones que franquea la Constitución Política del Estado.

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