Obras Públicas cifra en Bs 150 millones los daños a carreteras tras más de 50 días de bloqueos

El Gobierno boliviano reportó graves afectaciones en la Red Vial Fundamental, identificando a las rutas paceñas hacia Oruro y Desaguadero como los puntos con mayores destrozos en la plataforma y pérdidas por peajes.

Los perjuicios ocasionados a la infraestructura vial del país tras más de 50 días de bloqueos dirigidos contra la gestión de Rodrigo Paz ya superan los 150 millones de bolivianos (unos 15,1 millones de dólares), según denunció este martes el Ministerio de Obras Públicas.

La cartera de Estado detalló en un comunicado que las afectaciones comprenden la destrucción de señalización, dispositivos de seguridad y sistemas de drenaje en 37 tramos de la Red Vial Fundamental (RVF), sumado al perjuicio económico por la recaudación de peajes que no se pudo realizar durante las movilizaciones.

En el departamento de La Paz, el impacto se concentró con mayor fuerza en dos rutas clave: la autopista que conecta con Oruro y la vía de conexión internacional hacia Perú por el sector fronterizo de Desaguadero.

El informe técnico señala que las carreteras paceñas experimentaron un severo deterioro de la capa asfáltica debido a la quema constante de llantas en múltiples puntos de protesta, donde los movilizados también levantaron barricadas de tierra con el uso de maquinaria pesada.

Asimismo, se reportaron destrozos severos en las estaciones de cobro de la ruta hacia Oruro, donde se inutilizaron casetas, instalaciones y equipos tecnológicos. Esto paralizó el sistema y generó un daño económico directo a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Respecto al tramo hacia Desaguadero, en la frontera peruana, los manifestantes llegaron a destrozar la plataforma de la carretera abriendo zanjas profundas para cortar el paso vehicular, mientras que en otras tres rutas se destruyeron los bloques de hormigón de seguridad para utilizarlos como obstáculos.

Además de La Paz, las protestas y cortes de ruta dejaron secuelas y daños materiales en las redes camineras de los departamentos de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Potosí.

Las medidas de presión estuvieron encabezadas inicialmente por la federación de campesinos paceños y la Central Obrera Boliviana (COB), sumándose posteriormente sectores afines a Evo Morales para demandar la dimisión del presidente Paz, quien este miércoles cumplirá ocho meses de gestión.

Las semanas de conflicto provocaron un severo desabastecimiento de víveres, carburantes e insumos médicos como oxígeno en diversos centros urbanos, cobrándose la vida de al menos 16 personas (13 de ellas por falta de auxilio médico oportuno) y pérdidas generales que superan los 3.000 millones de dólares.

Tras alcanzar consensos con organizaciones como la COB, el mandatario decretó el pasado 20 de junio el Estado de excepción para restablecer el tránsito, facilitando el despliegue de militares y policías para despejar los escombros de las vías.

En el marco de los procesos judiciales abiertos por estos hechos, la justicia determinó el lunes enviar a prisión preventiva por seis meses al dirigente campesino Vicente Salazar, líder de la organización Túpac Katari de La Paz, imputado por delitos de terrorismo, asociación delictuosa y atentados contra los servicios y medios de transporte.