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Las fuerzas del orden informaron que los manifestantes suspendieron temporalmente las medidas de presión en el sector, aunque advirtieron que retomarán las movilizaciones a partir del lunes.
El siniestro vial se registró en la comunidad de Puesto Uno, donde los comunarios aprovecharon el daño en el tanque del motorizado para recolectar el carburante derramado en recipientes improvisados.
El Comité pro Santa Cruz solicitó formalmente al comando departamental la liberación de las carreteras bloqueadas, exigiendo medidas inmediatas para restablecer la transitabilidad en las rutas del país.
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, anunció la puesta en marcha de un corredor de asistencia que buscará el respaldo de las comunidades aledañas a las carreteras, enfatizando que la iniciativa tiene un carácter pacífico y descarta cualquier tipo de confrontación.
La portavoz de los enfermos de cáncer, Margot Valladares, advirtió sobre el crítico panorama que atraviesan las personas con diagnósticos avanzados, quienes se ven imposibilitadas de recibir atención médica oportuna debido a los conflictos viales en el país.
La dirigencia del Comité pro Santa Cruz entregó una misiva a la jefatura policial de la región exigiendo acciones concretas para despejar los puntos de bloqueo que obstruyen el libre tránsito en el territorio nacional.
El sector del transporte pesado reporta más de 5.000 camiones varados en las carreteras debido a las movilizaciones, dejando a los conductores en una situación crítica, sin acceso a servicios básicos ni libre tránsito.
Ante el incremento de los bloqueos de caminos, la cartera de Defensa garantizó que las Fuerzas Armadas intervendrán conforme a la normativa vigente para precautelar el bienestar de la ciudadanía.
Las fuerzas del orden reactivaron los controles y cercos de seguridad en el centro político de La Paz, empleando agentes químicos para dispersar a los grupos de protesta que buscaban acceder al sector.
Los docentes paceños exigen un aumento de sueldos, jubilación con el total de sus aportes y se oponen a la descentralización educativa, desmarcándose del convenio suscrito entre la dirigencia nacional del sector y el Órgano Ejecutivo.