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Tras la promulgación del Decreto Supremo 5636 que establece el Estado de excepción en Bolivia, la DGAC y Naabol confirmaron que las actividades aéreas comerciales y de carga continúan desarrollándose de manera regular y segura en todo el territorio nacional.
Debido a la falta de combustible para operar la maquinaria pesada, efectivos del orden y comunarios locales unieron esfuerzos para despejar manualmente la vía interdepartamental.
Tras acusar a Evo Morales de intentar desestabilizar la democracia del país, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra el exmandatario y confirmó que el Estado de excepción faculta la intervención de la región del Chapare.
Ante el prolongado bloqueo de más de un mes en San Julián, el gobernador de Santa Cruz gestiona un acercamiento con los sectores movilizados para desactivar la protesta de forma pacífica y evitar la intervención de las fuerzas del orden.
Asimismo, la administración departamental declaró la «emergencia sanitaria» con el fin de optimizar la atención médica inmediata ante posibles contingencias durante las intervenciones en las carreteras.
En coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la estatal petrolera activó esta alternativa de abastecimiento tras la declaración de Estado de excepción a nivel nacional por parte del Gobierno.
El expresidente Jorge Quiroga afirmó que el Órgano Legislativo debe ratificar la medida de excepción decretada por el Ejecutivo, argumentando que la seguridad de los ciudadanos prevalece sobre el rol de oposición, aunque criticó la demora en su implementación.
Tras la vigencia del Estado de excepción en el territorio nacional, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aclaró que la Policía lidera los operativos y que las Fuerzas Armadas intervendrán únicamente como respaldo si la situación se desborda.
Diversos contingentes de la Policía Boliviana aguardan órdenes precisas para intervenir y despejar las vías obstruidas en el transcurso de la jornada.
El Gobierno boliviano aclaró el impacto de la medida sobre los servicios y actividades cotidianas, enfatizando que el propósito central es restituir las garantías y la libertad de la ciudadanía.