Sector privado alerta sobre los peligros de postergar el cobro de servicios básicos en el país
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que aplazar el pago de servicios básicos afectará la liquidez de las operadoras, poniendo en riesgo la continuidad del suministro para la población, y solicitó abrir un espacio de diálogo técnico con el Ejecutivo para consensuar medidas sostenibles ante la crisis.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió este lunes un pronunciamiento para alertar al Órgano Ejecutivo sobre las consecuencias negativas de un posible aplazamiento en el cobro de servicios básicos. Ante este escenario, la entidad matriz de los empresarios planteó la necesidad de establecer un espacio de concertación para diseñar alternativas equilibradas y de largo plazo.
Desde el sector privado explicaron que el reciente conflicto social que superó los 50 días de bloqueos ha golpeado severamente a la economía nacional, haciendo urgente la adopción de medidas de alivio. No obstante, remarcaron que cualquier disposición estatal debe estructurarse bajo criterios de sostenibilidad para evitar que se profundice la vulnerabilidad de las empresas prestadoras de servicios.
Esta postura surge luego de que la semana pasada, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartara un incremento tarifario en entrevista con Erbol, revelando en su lugar que el Gobierno analiza fórmulas para diferir temporalmente el pago de luz, gas y agua. La autoridad gubernamental detalló que la intención es que los sectores afectados cancelen sus deudas en un plazo posterior para impedir el corte inmediato de los suministros esenciales.
Al respecto, la CEPB enfatizó que restar liquidez a las firmas proveedoras comprometerá seriamente su capacidad operativa y la calidad del servicio que llega a los hogares bolivianos. Los empresarios advirtieron que esta determinación política podría desatar un impacto adverso en las economías regionales, provocando dificultades mayores a las que se busca solucionar.
Si bien el empresariado privado aclaró que respeta la facultad del Gobierno para definir las políticas económicas frente a los perjuicios de las movilizaciones, insistió en que las determinaciones deben ser coordinadas, técnicamente viables y consensuadas. Demandaron evitar medidas aisladas que favorezcan a determinados grupos en desmedro de otros, promoviendo en su lugar un enfoque inclusivo y sin privilegios.
Finalmente, el documento de la CEPB reafirma la disposición del sector para integrarse a mesas de trabajo conjuntas con el Estado. Los representantes privados concluyeron que la sinergia entre el sector público, el empresariado y la sociedad civil es la vía fundamental para mitigar la crisis actual y restablecer la certidumbre económica en el territorio nacional.
