«Ya hemos tomado estrategias, ya hemos decidido y nos declaramos en estado de emergencia a nivel nacional«, afirmó uno de los asistentes al dar lectura a las conclusiones del encuentro alteño.
La postura de los movilizados surge mientras el asambleísta afronta un proceso judicial vinculado a la supuesta incitación a hechos de violencia durante los 53 días de bloqueo, proceso promovido por el diputado Manolo Rojas (PDC).
Según la orden de aprehensión, la causa penal incluye acusaciones por terrorismo, instigación pública a delinquir y financiamiento del terrorismo, a lo que se suman cargos por atentados contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos, además de asociación delictuosa.
A lo largo del ampliado en la urbe alteña, los leales al legislador suspendido cuestionaron la actuación del Gobierno y sostuvieron que la medida judicial busca acallar a los opositores críticos. «A él lo agarrarán, pero nosotros estaremos en las calles luchando lo que su pensamiento de él, hacer la tercera Revolución», remarcó otro de los presentes al reiterar la exigencia de liberación del senador.