Soboce rechaza fallo del TSJ en conflicto con Fancesa y reclama deuda estatal de 290 millones de dólares por expropiación
La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) expresó su disconformidad con la reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica una millonaria multa a favor de Fancesa. La firma denunció la vulneración del debido proceso y recordó que el Estado boliviano le adeuda más de 290 millones de dólares por la expropiación de sus acciones ocurrida hace 16 años.
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) manifestó su rechazo ante la reciente determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratifica una sanción económica en su contra en beneficio de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). La empresa denunció que esta sentencia incumple una resolución constitucional previa y vulnera el debido proceso, lo cual afecta la seguridad jurídica y la inversión privada en Bolivia.
El dictamen judicial ratificado por el TSJ obliga a Soboce al pago de una multa de Bs 744.315.432 a favor de Fancesa, derivado de una demanda por supuesta competencia desleal. Ante esto, la cementera privada calificó el fallo de arbitrario y contradictorio, asegurando que fue emitido bajo un clima de amedrentamiento en Chuquisaca y a nivel nacional, por lo que agotará todas las vías legales para defenderse.
De acuerdo con el pronunciamiento de Soboce, el dictamen del TSJ ignora la tutela que le fue concedida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Dicha instancia judicial había dejado sin efecto el Auto Supremo N° 059/2025 del 4 de febrero de 2025 y su Auto Complementario N° 4/2025, instruyendo la emisión de un nuevo fallo que reparara de forma efectiva las violaciones al debido proceso y no un simple ajuste semántico.
Asimismo, la compañía recordó que el Estado boliviano mantiene una deuda de más de 290 millones de dólares con Soboce por la expropiación de sus acciones en Fancesa, un proceso que data de hace más de 16 años bajo el Decreto Supremo N° 0616 del 1 de septiembre de 2010, aprobado en la gestión de Evo Morales. Según la firma, la demanda de Fancesa ha sido instrumentalizada como una maniobra de dilación para evitar el pago de dicha indemnización.
Finalmente, Soboce anunció que activará nuevas acciones legales y constitucionales contra esta resolución para resguardar sus derechos. La cementera instó a un pronunciamiento por parte del Gobierno nacional y de los copropietarios de Fancesa —la Gobernación de Chuquisaca, la Alcaldía de Sucre y la Universidad Mayor San Francisco Xavier (UMSFX)—, reafirmando su confianza en que debe prevalecer el Estado de Derecho en el país.