Órgano Judicial demanda seguridad inmediata al Ejecutivo tras el asesinato de un magistrado agroambiental
Los máximos representantes de la justicia boliviana solicitaron al presidente Rodrigo Paz la implementación de resguardo policial permanente y especializado para los magistrados y sus familias, otorgando un plazo de 72 horas para recibir una respuesta oficial tras el violento deceso del juez Víctor Hugo Claure.
Las máximas autoridades de los tribunales de Bolivia exigieron este martes al presidente Rodrigo Paz la aplicación de medidas de seguridad y protección permanentes. El requerimiento surge tras el asesinato del juez Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental (TA), quien perdió la vida en un ataque perpetrado por sicarios.
Los representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el TA y el Consejo de la Magistratura enviaron una carta al mandatario exigiendo una respuesta en un plazo de 72 horas. En la misiva, solicitan que se les brinde protección en igualdad de condiciones respecto a los ministros de Estado y otras autoridades del Ejecutivo.
La demanda se origina por la «extrema gravedad» del asesinato de Claure el pasado jueves, hecho que, según los magistrados, revela un alarmante estado de vulnerabilidad en el sistema judicial. La Policía continúa la búsqueda de los sicarios que dispararon desde una motocicleta contra el taxi que transportaba al magistrado.
Las autoridades policiales presumen que el crimen está relacionado con las resoluciones sobre conflictos de tierras dictadas por el juez. Por su parte, los altos magistrados calificaron como «inadmisible e intolerable» la falta de mecanismos permanentes y eficaces de seguridad ante el riesgo que enfrentan.
El pliego de peticiones incluye la asignación de escolta personal permanente, vehículos de seguridad y protocolos de reacción inmediata. Además, los juristas exigen que estas garantías de protección se hagan extensivas a sus núcleos familiares directos para prevenir nuevos atentados.
Finalmente, advirtieron que la falta de acción del Ejecutivo será interpretada como un incumplimiento del deber constitucional de garantizar el funcionamiento del Estado. Este caso representa uno de los doce asesinatos por encargo registrados este año, atribuidos en parte a la reorganización de la banda de Sebastián Marset.