Presidente del TSJ responde al Ejecutivo y responsabiliza a los políticos por la crisis en el Órgano Judicial

El titular del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ratificó el plazo de 20 días para que el Gobierno atienda sus demandas presupuestarias antes de iniciar un paro nacional, y replicó con dureza las críticas del vocero presidencial José Luis Gálvez.

La reestructuración del sistema judicial boliviano requiere de financiamiento real y no únicamente de buenas voluntades, manifestó este martes el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. El magistrado enfatizó que la institución priorizará el diálogo con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr la aprobación de un conjunto de normas pendientes.

En ese marco, la máxima autoridad judicial fijó un plazo de 20 días para que el Gobierno atienda sus requerimientos. De no concretarse un acuerdo en este periodo, advirtió que se iniciará un paro nacional de carácter escalonado, aunque remarcó que la intención inicial del TSJ es agotar la vía de la negociación.

Saucedo detalló que buscarán reunirse con el presidente Rodrigo Paz, su gabinete de ministros y la Asamblea Legislativa para viabilizar los paquetes de leyes presentados por el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el propio TSJ. El jurista aclaró que si estas gestiones prosperan, no será necesario activar las medidas de presión.

Asimismo, precisó que las demandas no contemplan un incremento de sueldos, sino la asignación de un presupuesto adecuado, catalogándolo como una necesidad amparada por la Constitución Política del Estado. «La reforma se hace con plata, con recursos, no se puede hacer reformas con buenas intenciones«, aseveró, cuestionando la falta de fondos para materializar los cambios.

Al ser consultado sobre las declaraciones del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien tildó de «inaudito» el anuncio de movilizaciones en el sector judicial, el titular del TSJ replicó con ironía. Saucedo coincidió en que la situación es reprochable, pero cuestionó: «¿Quiénes son los responsables?: los políticos«.

Finalmente, el jefe del TSJ restó trascendencia al portavoz gubernamental, señalando que desconoce si cuenta con la autorización del mandatario Rodrigo Paz. «Nuestro pedido es legítimo», concluyó, sentenciando que «a los magistrados nos sobra lo que a su gobierno le falta».