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El viceministro Hernán Paredes denunció el uso de armamento letal en los bloqueos y advirtió con revertir concesiones mineras a las instituciones que utilicen dinamita en las movilizaciones.
El comandante Mirko Sokol informó sobre la detención de un sujeto en posesión de material explosivo destinado a la sede de gobierno, mientras ratificó que los operativos de desbloqueo se ejecutan bajo normas de proporcionalidad y sin armamento letal.
El vicepresidente solicitó al primer mandatario deponer actitudes confrontacionales y buscar un acercamiento con los sectores sociales en conflicto, tras los recientes operativos policiales ejecutados en el departamento de La Paz.
El municipio de Entre Ríos atraviesa una crítica situación de inseguridad tras reportarse ocho asesinatos y dos secuestros violentos entre enero y mayo, consolidándose como el epicentro de la violencia en el Trópico.
La ministra Marcela Flores aclaró que no existen registros legales ni médicos que confirmen el fallecimiento de un dirigente durante el operativo de desbloqueo, reportando únicamente nueve personas heridas.
Las protestas y cortes de ruta que afectan a la sede de Gobierno y la urbe alteña han derivado en un severo desabastecimiento de gasolina y diésel, obligando a los transportistas a realizar largas esperas en las estaciones de servicio.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. expresó su preocupación por la crisis en Bolivia, condenando las movilizaciones que buscan deponer al mandatario y alertando sobre el desabastecimiento provocado por los bloqueos.
El sector minero cooperativizado instó al Ejecutivo a atender los conflictos sociales y advirtió que su estado de emergencia persiste hasta que se cumplan los convenios de mayo.
Tras cumplirse casi 14 días de movilizaciones, los bloqueos en los accesos paceños fueron retomados este sábado, luego de que una intervención policial y militar intentara liberar el tránsito vehicular durante la madrugada.
El reporte de transitabilidad de la ABC confirma la persistencia de bloqueos concentrados mayormente en el departamento de La Paz y San Julián, mientras el Gobierno busca desactivar las medidas mediante mesas de diálogo.