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Efectivos policiales y militares resguardan puntos estratégicos en la ruta Cochabamba-Occidente con el fin de evitar bloqueos anunciados por organizaciones campesinas y asegurar el flujo comercial.
El portavoz José Luis Gálvez desmintió el registro de víctimas fatales tras la acción policial en las rutas paceñas, enfatizando que las fuerzas del orden no portaban armas de fuego.
Las autoridades lograron habilitar un corredor humanitario para el ingreso de suministros a La Paz tras casi dos semanas de cerco, aunque la persistencia de protestas en las rutas impide el libre tránsito.
A pesar de las intervenciones para habilitar el traslado de suministros médicos y alimentos, el departamento de La Paz concentra la mayoría de las protestas en las rutas nacionales, sumando 18 de los 22 cortes registrados por las autoridades camineras.
El gobierno venezolano concretó la deportación del empresario colombiano Alex Saab a territorio estadounidense, luego de que perdiera su influencia política tras la salida de Nicolás Maduro y la asunción de una gestión interina.
Mediante la ejecución del operativo Corredor Humanitario, el Gobierno boliviano logró el ingreso de oxígeno, medicamentos y combustible a la sede de Gobierno; sin embargo, varios puntos de protesta fueron reinstalados en El Alto al finalizar la jornada.
Tras intensas negociaciones con los sindicatos de maestros urbanos y rurales, el Ministerio de Educación confirmó la elaboración de una normativa que formaliza los acuerdos alcanzados, garantizando así el cese de las movilizaciones a nivel nacional.
El dirigente cocalero cuestionó las advertencias judiciales del Ejecutivo contra las movilizaciones sociales, en un contexto donde diversos sectores exigen la dimisión del mandatario boliviano.
Tras intensas negociaciones sobre demandas económicas, los educadores urbanos y rurales decidieron suspender sus protestas luego de pactar un bono anual y postergar el debate sobre el incremento de sueldos hasta el último trimestre del año.
Un operativo de desbloqueo ejecutado este sábado en la sede de Gobierno puso fin a casi dos semanas de protestas, en medio de denuncias sobre manifestantes obligados a participar bajo amenaza de sanción.