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En el marco de las protestas registradas este lunes en la ciudad de La Paz, se difundieron imágenes de un adulto mayor con heridas en el rostro, mientras se aguarda una versión oficial sobre las circunstancias del incidente.
Las autoridades policiales reportaron la aprehensión de 50 individuos durante los recientes operativos en la sede de gobierno y la urbe alteña, de los cuales tres ya fueron remitidos con detención preventiva al centro penitenciario de San Pedro.
Manifestantes de la Central Obrera Boliviana y el sector fabril intentaron romper el cerco de seguridad en los accesos a la plaza Murillo, provocando choques con las fuerzas del orden que custodian el kilómetro cero.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la vigencia de órdenes de aprehensión para quienes promuevan el uso de armas y advirtió que se detendrá a cualquier persona que porte dinamita durante las protestas.
El representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, calificó las protestas como un intento de ruptura del orden democrático e instó a los manifestantes a respetar los mecanismos constitucionales.
El ente cívico cruceño sesionará desde las 9:00 de este lunes con el objetivo de evaluar la situación del país y determinar los pasos a seguir frente a las movilizaciones que impiden el tránsito en las rutas nacionales.
El viceministro Paredes calificó de conspirativa la marcha protagonizada por seguidores de Evo Morales, la cual tiene programado su ingreso a la sede de Gobierno este lunes.
La estatal Mi Teleférico determinó paralizar las funciones de su ramal azul este lunes como medida de seguridad ante el asedio de manifestantes, mientras el resto del sistema continúa operando con normalidad.
La terminal terrestre de la capital valluna interrumpió la salida de buses y la venta de pasajes tras confirmarse cortes de vía en rutas clave y la presencia de contingentes policiales en puntos estratégicos.
Tras una pausa temporal el domingo para permitir el paso de motorizados, los movilizados retomaron la medida de presión indefinida exigiendo respuestas del Gobierno a sus demandas sectoriales.